Una de las finalidades del anteproyecto de la “Ley General de la Industria Eléctrica” es promover la competencia en el sistema eléctrico nacional y la participación del sector privado, “como instrumentos básicos para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante las modalidades que se consideren más convenientes al efecto”, indica el documento.
Asimismo, busca establecer el marco legal que garantice el suministro de energía eléctrica al mínimo coste e incentive la eficiencia económica en el desarrollo de las actividades de generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética y comercialización, así como en el uso de la energía eléctrica.
Por ello, con esta reforma se busca crear la figura de los generadores, transmisores y distribuidores de energía eléctrica en el sector privado. “Esto permitirá la inversión anual de más de US$ 1.000 millones por año en infraestructura”, destacó el ingeniero Nelson Cristaldo, uno de los proyectistas.
En lo que se refiere a infraestructura de nuevas líneas de transmisión, Cristaldo detalló que serían inversiones para nuevos generadores, que pueden ser de energía solar, eólica, pequeñas hidroeléctricas o gas natural, lo que generaría miles de puestos de trabajo en el sector.
“La actividad de generación incluye la construcción, instalación, operación y mantenimiento de plantas de generación eléctrica, con sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión, equipos de transformación e instalaciones de manejo de combustibles, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional”, indica igualmente el documento de referencia.
El anteproyecto especifica los alcances de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica por parte de los privados, así como sus obligaciones y derechos.
El proyecto de reforma crea también la figura del “Mercado de energía”, donde todos los agentes, como la ANDE, las distribuidoras menonitas, Clyfsa de Villarrica, generadores privados, transmisores privados y distribuidores privados puedan comercializar su energía, tanto localmente como internacionalmente.
Para que todo esto pueda operar con reglas claras, el proyecto incluye también la creación de un ente regulador, que tenga la función principal de proteger a los usuarios y generar la reglamentación para que los proveedores de servicios sean eficientes y den un servicio de calidad. “Nunca jamás debemos de permitir que una operadora de servicios, sea de electricidad, agua o telecomunicaciones le estafe y sobrefacture a los usuarios”, destacó Cristaldo.