La diputada Celeste Amarilla (PLRA) señaló que la modificación atenta contra el libre comercio, garantizado por la Constitución Nacional. Apuntó que existe un grupo de empresarios interesados en que el Estado pague 40% más por los mismos productos, puesto que tal como está la redacción, no aclara si es durante la emergencia sanitaria o por rubro, solo se modifica el dígito del porcentaje. “Empresarios pagan para que se les hagan leyes a medida”, acusó e individualizó a “Scavone” como uno de los interesados en la aprobación del proyecto, en alusión a la industria farmacéutica.

Amarilla señaló que existe un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el cual el titular, Pablo Seitz, sugiere que se establezcan topes y no solo porcentajes.

Seitz había manifestado a este diario que la modificación de la Ley Nº 4558 podría implicar que el Estado pague 40% más caro por los mismos productos. “Es muy delicado porque hay rubros en los cuales no se justifican destinar más recursos”, aclaró.

Por su parte, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, manifestó a ABC que el proyecto “puede constituir una herramienta si es aplicada de manera correcta, ya sea por sectores y en los casos en que promuevan la reactivación económica pospandemia”.

Advirtió además que, de aprobarse, podría registrarse un impacto socioeconómico en las compras públicas. “Las grandes obras de infraestructura tienden a requerir participación internacional”, dijo.

Por otro lado, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) emitió anoche un comunicado en el cual expresó su preocupación sobre este tema “porque elimina cualquier derecho a la igualdad de competencia y podría traer importantes pérdidas para el sector importador”. El gremio recordó que históricamente ha ofrecido mejores opciones de compras para el Estado, sector del cual depende una importante cadena de valor, que incluye a trabajadores.

Indicó que se trata de una competencia desleal y representa una amenaza.