En los últimos tres meses, parte del saldo rojo se financió con los fondos de la ley de emergencia, atendiendo que la recaudación tributaria cayó debido a la pandemia por covid-19.

En abril, mayo y junio se destinaron US$ 59 millones para cubrir la referida brecha, de acuerdo con los últimos informes de Hacienda.

La Caja en el semestre recibió en concepto de aporte de los funcionarios activos más de G. 1,1 billones (US$ 176,7 millones) y pagó haberes por un monto de más de G. 1,6 billones (US$ 247 millones), lo que representa una déficit del 28%.

La institución administra la jubilación de seis sectores de la función pública: los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, maestros, policías y militares que en total llegan a 66.904 beneficiarios.

De acuerdo con el informe a junio, son sectores deficitarios maestros (-40%), policías (-60%) y militares (-77%); mientras los demás son superavitarios: empleados públicos (80%), magistrados judiciales (34%) y docentes universitarios (21%).

“Peor que hace 15 años”

El ministro de Hacienda, Benigno López, el último viernes había criticado que existen sectores que reclaman mejorar la calidad del gasto, pero terminan aprobando leyes que tienen problemas serios de financiamiento y citó como ejemplo a la Caja Fiscal.

Dijo que de la reforma de la Caja Fiscal que llevó cabo el exministro de Hacienda, Dionisio Borda, en 2003, sólo se aplica al sector de funcionarios administrativos, que los demás consiguieron mediante la justicia y leyes del Congreso que la misma no les afecte. “Estamos peor que hace 15 años”, indicó el ministro López.