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Agrotóxicos: Aduanas deja a fiscalía sin posibilidad de castigar un delito

Este artículo tiene 11 años de antigüedad

Con el sobreseimiento de Tche SA, dueña de la carga de agrotóxicos que fue incautada por la fiscalía en octubre de 2014 en el Puerto de Villeta, Aduanas desarma a la fiscalía en su intento por lograr el castigo de un delito que, según esta institución, se consumó y se comprobó.

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Los delitos por ingreso o salida de manera ilegal de mercaderías del país figuran en el Código Aduanero.

La Aduana es la institución legalmente autorizada para determinar si hubo contrabando en un hecho denunciado o no y, a su vez, le da potestad al Ministerio Público para que siga el caso en el ámbito penal. Es decir, la fiscalía depende directamente de lo que se resuelva en el área administrativo/aduanero para continuar con la investigación de un caso de contrabando.

El 7 de octubre de 2014, en el puerto de la ANNP de Villeta, la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni intervino dos contenedores procedentes de China, que llegaron a nombre de la empresa Tche SA, de los hermanos Marcelo y Mauricio Machado.

En los documentos figuraba que contenían 11.000 kilos de glifosato, un producto cuyo ingreso al Paraguay está permitido. Sin embargo, la intervención fiscal descubrió que en las 575 cajas de glifosato escondieron 4.600 kilos benzoato de emamectina al 36%, rango prohibido en nuestro país.

En un sumario de solo 45 días, Aduanas sobreseyó a Tche y le devolvió la carga, supuestamente, para su reembarque a la China. El sumario estuvo a cargo de Carlos Alfredo Medina, administrador de la Aduana Central Capital.

A la decisión aduanera se sumó lo resuelto por el Senave, que si bien terminó su sumario en un par de meses, en abril de este año resolvió adherirse al pedido aduanero y pidió la reexportación del agrotóxico y decidió multar Tche SA.

La fiscalía comprobó que ingresaron mercaderías camufladas para evitar el control aduanero de un producto prohibido y que no figuraba en los documentos. A pesar de las evidencias, el sumario aduanero sobreseyó a la firma y le devolvió la carga, cuyo valor ronda los US$ 500 mil en el mercado negro. No obstante, Marcelo y Mauricio Machado, dueños de Tche SA, están procesados penalmente por intentar ingresar al país productos cuya importación no está autorizada.

Como abogados de la firma Tche SA aparecen Diego González Arrúa y Aldo Bacchetta, hijo del senador colorado Enrique Bacchetta.

El juez sumariante (Aduanas) que sobreseyó a Marcelo Machado y Mauricio Machado, dueños de Tche SA, Carlos Medina, es también miembro de la seccional colorada Nº 40.

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