Los funcionarios aglutinados en los sindicatos Sintra y Sintibir critican la intención de Justo Cárdenas, presidente del Indert, de otorgar más funciones al catastro rural denominado Sistema de Información de los Recursos de la Tierra (SIRT). Eso, considerando que el titular del ente tiene en la secretaría general unos 5.000 expedientes con resoluciones “para la firma del presidente”. Según lo informado, a través del memo 15/2018, Cárdenas solicitó la semana pasada a la Junta Asesora del instituto la conformación de un equipo de trabajo para regularizar la situación de tierras de origen fiscal y la regularización en materia ambiental de colonias del Indert. Ambos puntos, con intervención del cuestionado SIRT (que en principio sólo debía tener la función de recoger datos de los lotes fiscales).
Al respecto, los funcionarios organizados del ente señalan a través de un comunicado que si existen miles de expedientes de campesinos pendientes de finalización, es principalmente por falta de voluntad del presidente de firmarlos.
En cuanto a la cuestión ambiental, los sindicatos alertan que se busca aprobar un proyecto que dejaría sobre el agricultor el costo económico y la responsabilidad de tener un estudio de impacto ambiental de su lote, “lo cual es obligación del Instituto”. A su criterio, esto se debe a la imputación que dispuso en julio pasado el fiscal Jalil Rachid al presidente Cárdenas por atropellos a la normativa ambiental en colonias del ente.
Finalmente, los funcionarios argumentan que dar más funciones al SIRT es perjudicial para la propia institución, ya que hasta la Contraloría emitió un dictamen sobre la superposición de funciones de ese catastro rural con el rol que tiene todo el Indert y que justifica el origen del instituto. Incluso, hay una denuncia penal al respecto en el Ministerio Público, aún sin fiscal designado a la fecha.
Nuestro diario intentó tener una respuesta de Justo Cárdenas sobre estos temas, pero no pudimos ubicarlo ayer en su celular con número de terminación 211. Tampoco obtuvimos respuesta a las llamadas al asesor jurídico del Indert, Alfredo Torres (número con terminación 390).