El programa social estuvo a cargo de la Asociación de Intendentes de Misiones (AIMI) y, según el informe, la irregularidad se habría producido entre el 2010 y 2011, época en que Carlos Arrechea, actual consejero de la EBY, era presidente de la AIMI.

Según el reporte al que accedió ABC Color, el proyecto no se ejecutó tal como había sido previsto porque hay diferencias en la superficie de aplicación.

El Plan debió aplicarse a una superficie de 250 hectáreas en nueve distritos favorecidos, que totalizan 2.250 hectáreas; sin embargo lo ejecutaron sobre apenas 1.010,8 hectáreas pese a que transfirieron millonarios recursos a la AIMI, que debieron destinar a las comunas beneficiadas dentro del departamento de Misiones. Al parecer, la AIMI desembolsó un monto equivalente a solo el 50% de la suma que recibió en la inversión de referencia.

La AIMI contrató al Dr. Juan Carlos Vargas para desarrollar el trabajo de Técnico de Campo con un plazo de seis meses, por un monto mensual de G. 7.500.000, que totalizan G. 45.000.000.

En la localidad de Santa María de Fe, la AIMI transfirió unos G. 493.000.000. De acuerdo con los documentos respaldatorios que presentaron, el propietario de la Estación de Servicios “Santo Domingo”, Domingo Valenzuela, y el propietario de la firma Agroganadera Toka, Gustavo Tocaimasa, figuran entre los beneficiarios del proyecto social, a pesar de que el programa, inicialmente, estaba dirigido a pequeños productores de escasos recursos de la zona.

El monto total percibido por la asociación de parte de la EBY fue de unos G. 4.497 millones. Sin embargo, en la rendición de cuentas presentada por la AIMI se aprecia que existe una diferencia superior a los G. 800.000.000, que carecen de documentos respaldatorios.