La denuncia penal en cuestión fue presentada a la Fiscalía el 11 de febrero de 2013 por el dirigente de Cootrapar, Hugo González Chirico, y en principio se habló de que estaba congelada, pero la comparecencia del Ing. José Luis Vinader indica que la investigación prosigue, en este caso para conocer la veracidad de los hechos punibles presuntamente cometidos por Sergio Tasselli, en perjuicio tanto de la cooperativa como del Estado.
“Me llamaron como testigo, para ampliar informaciones ya acercadas y en algunos casos corregir datos erróneos, y luego agregué un informe técnico por escrito sobre los casos específicos más graves”, dijo Vinader.
Cootrapar sostuvo ante la fiscalía que en solo dos compras que hizo Acepar bajo el mando de Tasselli, la acería fue perjudicada en US$ 50 millones, refiriéndose a la adquisición de un tren de laminación y una fábrica de sinter, lo que es corroborado por Vinader, que sitúa el perjuicio patrimonial en al menos US$ 53 millones.
La provisión del tren de laminación fue pactado por Tasselli en 2008 con Tech SA, otra de sus empresas, a un precio de US$ 9,9 millones, a un plazo de entrega de un año. “Transcurrieron más de cinco años y los trabajos de instalación están en total abandono”, con un avance del 61%, habiéndose pagado ya el 66% (casi US$ 6,5 millones), sostiene.
Agrega que “con esta inversión se pretendía duplicar la producción de productos laminados y reducir drásticamente la generación de chatarras”, por lo que el perjuicio es el doble para la empresa, según Vinader, quien aclaró que algunos han informado de que el tren de laminación ya está funcionando, pero no es así, pues el que se utiliza es el viejo.
Con relación a la fábrica de sinter, “por el precio que se pagó (US$ 3.190.000) se suponía que debía ser nuevo, pero ni eso”, pues al parecer se trata de uno equipo usado, ya fuera del rango tecnológico, proveniente de la acería Zapla (Jujuy, Argentina), también propiedad de Tasselli. Su producción es apenas el 24% de lo que debía producir, según el informe elevado a Fiscalía.
Con esta denuncia, Cootrapar pretende probar que el verdadero culpable de lo ocurrido en Acepar es el grupo Tasselli, con derecho sobre el 66,6% de las acciones (la cooperativa tiene el 33,3%). Desde el año pasado, Acepar está intervenida judicialmente y, además, el Estado encara un arbitraje para recuperar la totalidad de la empresa.