La adjudicación de las obras de modernización de la principal terminal aérea del país se hace esperar. Esta semana representantes del comité de evaluación anunciaron que extenderán por al menos 45 días el periodo de evaluación técnica, con el pretexto de que hay tres diseños distintos, como de hecho era lógico que sucediera. Las ofertas se conocieron hace ya casi dos meses.
Los diseños pertenecen e los tres grupos de empresas que están en competencia: la francesa Vinci, la española Sacyr Agunsa y la argentina-uruguaya Cedicor (del grupo Eurnekián).
La prórroga, según fuentes del comité, obedece realmente al problema que suscitó la incorporación tardía de los técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) al proceso de revisión de las ofertas.
Supuestamente fueron invitados tarde a participar y recién el pasado 16 de julio se reunieron por primera vez con los demás miembros del comité para interiorizarse acerca de las ofertas.
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No menos importante es el hecho de que no están claros los criterios de evaluación de los diseños, respecto a los ítems Infraestructura, Instalaciones, Edificio Terminal de Pasajeros, razón por la cual los técnicos de Dinac exigieron un mínimo de 60 días para la evaluación con base en los parámetros del Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
“Existe una molestia generalizada en el staff de técnicos de la Dinac, que fueron invitados en esta instancia, para avalar un proceso irregular y desordenado en que nunca antes les dieron participación”, dijo una fuente del comité de evaluación.
Sospechas
Llamativamente, aunque algunos de los oferentes no han presentado en tiempo y forma algunos documentos requeridos en el pliego, todos siguen en carrera hasta hoy.
Cedicor –del poderoso grupo Eurnekián– es la firma de la que se cree tendría casi asegurada la licitación a su favor, por supuestos vínculos en el comité de evaluación, que según rumores no consideraría los antecedentes de esta empresa en su país, donde dejó de ejecutar obras por US$ 506 millones, acumuló una deuda de US$ 357 millones y obtuvo que benevolentes jueces le redujeran el canon que debía pagar al Estado.
Cualquiera sea el oferente que resulte adjudicado al final del proceso, se quedará con la administración plena del aeropuerto Silvio Pettirossi durante los próximos 30 años.