Aunque el aeropuerto tiene hoy unas 232 Ha., según datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en la época en que se dictó el referido decreto, hace casi cuatro décadas, se tenía en cuenta “la necesidad de deslindar el área con mayor superficie, declarando la utilidad pública, sujeta a expropiación, destinada a la Administración Nacional de Aeropuertos Civiles y asiento de la actual terminal aérea (...), debiendo además prever eventualidades futuras para obtener la máxima seguridad y eficiencia operacional”.

El decreto dejó en manos de los ministerios de Obras Públicas y de Defensa “la mensura, el deslinde y amojonamiento, el inventario y avalúo de los bienes y mejoras comprendidas dentro del área de mejora”, mientras que Hacienda “dispondrá el pago de los predios adquiridos dentro del área de reserva”. Por otro lado, se dejó en claro que el Ministerio de Defensa y la administración de aeropuertos “tomarán las medidas conducentes para evitar que en adelante se introduzcan mejoras dentro del área de reserva”.

Como se puede ver, dicha medida ha sido escasamente aplicada, y en 39 años ni siquiera se regularizó el tema de los terrenos privados. No hay fondos para ello, argumentó el día anterior el actual presidente de la Dinac, Luis Manuel Aguirre, al ser consultado al respecto.