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El punto de partida es la adjudicación del contrato de actualización eléctrica de 24 puentes rodantes y pórticos de la central al consorcio GE, integrado por la firmas GE Power y CIE.
CanalEnergía, una agencia especializada del vecino país en temas energéticos, recuerda en su nota algunos perfiles de la que se llamó “Obra del Siglo XX”, por ejemplo que en la frontera paraguayo/brasileña se eleva una estructura de “casi 200 metros”.
En rigor, de una altura máxima de 196 metros, el equivalente a un edificio de 65 pisos, de acuerdo con la literatura profusamente divulgada por la entidad binacional.
Reitera asimismo la capacidad instalada de su parque productor “14 GW (1GW = 1.000 MW), suficiente para atender el 75% de las necesidades totales de electricidad del Paraguay y el 14% del Brasil al misma tiempo”.
Esta generalización impide conocer la incidencia real en el mercado eléctrico paraguayo de Itaipú. En efecto, el 75% al que se refiere CanalEnergía, que en octubre último alcanzó inclusive el 94%, bastaron 1.265 GWh, el 18,51% de su generación total de octubre o el 28,21% de la mitad que corresponde a nuestro país, de acuerdo con el Art. XIII del correspondiente Tratado.
Debe apuntarse también que el mejor aprovechamiento paraguayo de su energía en Itaipú no solo debe atribuirse al crecimiento de su demanda, sino también a una fuerte reducción de las contrataciones de ANDE de la energía de Yacyretá.
Según estudios técnicos privados del sector Energía, en 32 años Paraguay utilizó apenas el 7,2% de la producción acumulada de Itaipú, en tanto que Brasil aprovechó el 92,8%, incluyendo el excedente paraguayo. Reiteremos que por cada MWh que no usa la ANDE, nuestro país recibe desde el 2011 menos de US$ 10. Antes de ese año, Brasil pagaba menos de US$ 3, sobre el costo de producción de Itaipú.
El contrato GE/Itaipú según la agencia tiene tres años de plazo, pero nada dice del costo. Extraoficialmente se sabe que todo el programa demandará una inversión superior a US$ 500 millones, monto que deberá sumarse al saldo deudor del ente binacional, que ronda este año los US$ 7.200 millones, y que en agosto de 2023, según el Anexo C del Tratado, deberá revisarse.