El alto funcionario resaltó asimismo que esta ley, sobre la cual se espera que el Senado se expida muy pronto, a la larga beneficiará a toda la economía del país, porque podrá evitar prácticas nocivas para la libre competencia, que actualmente ya se observan, pero que poco o nada se puede hacer al respecto por la falta de una legislación apropiada.
Cabe señalar que este proyecto de ley fue presentado en consenso por los sectores público y privado, representados en aquel entonces por el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, en setiembre de 2011, y es el fruto de más de dos años de trabajo de técnicos y delegados de gremios empresariales, del MIC y el órgano de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
El Poder Ejecutivo estima que el país necesita una ley de defensa de la competencia para contar con un instrumento esencial en materia de política económica, con el fin de garantizar a los consumidores una diversificada opción de bienes y servicios, en las mejores condiciones de calidad y precio, y estimular a las empresas a que racionalicen al máximo la producción y la distribución para adaptarse constantemente al progreso técnico y científico. Además, considera que la existencia de prácticas de competencia desleal se da por la falta de una ley que ponga reglas claras del juego.
Gremios involucrados
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Los gremios empresariales involucrados fueron: la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión Industrial Paraguaya (UIP), Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), Cámara de la Industria Químico Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) y Asociación de Almaceneros Mayoristas.
Caso
Cabe señalar que actualmente existe un serio conflicto entre las dos empresas de telefonía celular más importante del país, donde la firma Núcleo SA (Personal) ha presentado ante la Conatel una denuncia contra Telecel SA (Tigo), por violación de obligaciones regulatorias establecidas en defensa de la competencia en el mercado, al bloquear la comercialización del servicio de transferencias de dinero.
En la denuncia consta que Tigo induce a clientes de Personal a tener que activar una línea celular de su compañía si desean hacer o recibir transferencias.
Lo que persigue el proyecto
El proyecto de ley de defensa de la competencia, que se encuentra para su estudio y sanción en el Senado, busca –entre otras cosas– regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Asimismo, promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente. Los gremios empresariales locales creen que la falta de esta normativa no solo genera situaciones de abuso de poder, la aparición de nuevos monopolios, así como el fortalecimiento de los que ya están instalados, sino también ahuyenta la inversión.