–¿De qué se trata el proyecto de “reordenamiento normativo”?
Ramón Brenna: –Se trata de reducir las contradicciones, las contraposiciones y redundancias de las legislaciones (anteriores y actuales) sobre las mismas materias. Normalmente nadie se ocupa de ordenar eso: no lo hace el legislador, tampoco los juristas, y nos ocupamos alguna vez de esto cuando tenemos un caso concreto, cuando se le plantea profesionalmente a un juez, funcionario o abogado resolver un caso concreto.
Entonces, ahí surge una crisis, porque tenemos que ir por ahí a recorrer diez textos diferentes que no sabemos cómo están coordinados entre sí y empiezan las variadas interpretaciones, que a veces permiten dar una solución justa, pero en la mayoría de las veces soluciones injustas, y a veces ilegal también, aprovechando esta gran confusión, en perjuicio siempre del ciudadano.
Moreno Rodríguez: –En Paraguay nosotros tenemos un problema grave, porque desde 1870 venimos acumulando una enorme cantidad de leyes, decretos, decretos leyes y resoluciones, dictados en el tiempo muchas veces sin la coordinación debida. Entonces, hoy día tenemos un marco jurídico totalmente “inflacionado” que, contrariamente al efecto deseado, regular mejor la vida de los ciudadanos, ha terminado creando una inseguridad jurídica muy fuerte.
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Esta “inflación” de leyes afecta al ciudadano, al Estado y a las empresas. Y esto último se enlaza precisamente con lo que sería la primera parte de este proyecto académico con la Universidad de Buenos Aires, que desarrolló por varios años una metodología para reducir el exceso de normativas, muchas de las cuales ya no son útiles. Aparte de esta metodología, también desarrollaremos un programa informático de punta que ayudará a detectar todos estos problemas.
–¿Pero por dónde empezarían en esa “montaña” de legislación existente?
Moreno Rodríguez: –Dentro del proyecto piloto se eligió el accionar del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en lo que respecta a la regulación del comercio y las inversiones. Aquí no se va a proponer ninguna regulación nueva sino simplemente tomar lo que se tiene y reducirlo drásticamente.
Ramón Brenna: –Para que se tenga una idea. En mi país hicimos el Digesto Jurídico Nacional sobre todas las ramas del derecho, conjunto de textos sistematizados y ordenados donde se compilan todas las normas de carácter público y obligatorio para la ciudadanía, lo que permite acceder al derecho positivo existente y suprimir las leyes derogadas o caducas. Argentina tiene sancionadas unas 26.700 leyes. Culminado nuestro trabajo, comprobamos que de esa cantidad, en realidad, se encuentran efectivamente vigentes solo 3.363 leyes.
–¿Las demás están derogadas?
Ramón Brenna: –No se hallan derogadas pero están sin vigencia por distintas razones. Por ejemplo, algunas se encuentran en colisión con otras, son redundantes, etc., de modo que fue eliminada una enorme cantidad y quedamos con este tronco.
Es más, de las 3.363, aproximadamente 1.650 son tratados internacionales, con lo cual las leyes realmente vigentes son cerca de 1.700. Imagínense al ciudadano tratando de averiguar algo en esa “selva” de más de 26.000 leyes.
–¿Aquí se propondría la derogación de algunas leyes, decretos y resoluciones?
Ramón Brenna: –Exacto. Se harán los análisis, las comparaciones, y, de acuerdo con la metodología, se harán las propuestas. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio se puede dejar sin efecto una serie de resoluciones o consolidarlas en una sola y nueva resolución; y sucesivamente ocurrirá con los decretos, que está a cargo de la Presidencia de la República, y las leyes en el Congreso Nacional, cubriendo todos los detalles legales y constitucionales para que esto sea válido.
La UBA es una universidad nacional pública argentina, que fue fundada el 12 de agosto de 1821. Por su parte, el Cedep es un centro privado que se dedica a proyectos de capacitación e investigación jurídica. jfleitas@abc.com.py