Bernabé Peralta, miembro del consejo, cree inaceptable que se pretenda erigir al Estado, la más morosa del Instituto de Previsión Social (IPS), como ente de control y que encima establezca normas para la inversión del dinero de los aportantes, que apenas incluye al 23% de la población económicamente activa, de 3 millones de personas. “El IPS se creó en 1943 y nunca mejoró, lo que demuestra que el Estado es mal administrador”, dijo.

El proyecto del exministro de Hacienda Santiago Peña, con media sanción en Diputados, colisiona con los artículos 95 y 103 de la Constitución, que hablan del “régimen jubilatorio y de que los recursos financieros no serán desviados de sus fines específicos. Además, no existe un sistema jubilatorio. Cada entidad tiene su propio reglamento”, agregó Peralta.

Derogará los artículos 30, 31, 71 y 72 de la carta orgánica de la caja, como el otorgamiento de créditos a sus aportantes, no así a los de Itaipú y ANDE. Otro punto que criticó es sobre la intervención, que “podría durar más de un año, e inclusive faculta al consejo a contratar auditorías externas, fuera del control de Contrataciones Públicas”.

Los jubilados y aportantes que participaron de la conferencia pidieron a las autoridades de la caja que agoten todas las instancias para detener lo que calificaron de “un nuevo atropello a los jubilados”.

El proyecto aprobado en Diputados el miércoles último pasa a Senadores. Contempla la creación de un consejo y de una superintendencia, que será manejada por el Banco Central, Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.