Señala que en el Paraguay existen casi 2.000.000 de personas que no acceden al agua corriente, a pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de agua dulce por persona del mundo, y que hay algo más de 5.000.000 que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.

Agrega que el Estado paraguayo, por falta de recursos, no invierte lo suficiente en estos sectores desde hace muchos años y, para peor, desalienta la inversión de los empresarios privados que quieren hacerlo, no solo para ampliar la cobertura, sino para mejorar el servicio en las zonas ya servidas.

Confiscación gratuita

La cámara asevera que la promulgación de la Ley 1614/00 prevé la “confiscación gratuita” de todos los bienes muebles e inmuebles de las aguaterías y, además, no permite que aquellos sean utilizados para garantizar los créditos que necesita el sector para mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado. “Estas trabas legales han paralizado por completo las inversiones privadas”, lamenta.

En ese sentido, reclama la modificación de algunos artículos de la mencionada ley, que prevé la restitución de los bienes al Estado. En ese sentido, señala que no puede restituirse al Estado algo que nunca fue de él. “Esta figura no es otra cosa que una abierta y gratuita confiscación, que solicitamos sea reemplazada por la figura constitucional de la expropiación, la que debería hacerse previo justo pago en los casos puntuales de expropiación de aguaterías con serios incumplimientos de las disposiciones legales”, añade.

Además, pide direccionar hacia a los aguateros parte de los recursos que obtiene el Estado de organismos multilaterales o de la colocación de bonos, a la modernización del sector agua potable y alcantarillado, de tal forma a contar con recursos a tasas menores que las vigentes en el mercado local.