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Candidato a dirigir Itaipú, investigado

Este artículo tiene 11 años de antigüedad

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dio marcha atrás en su intención de designar al exministro de Comunicaciones de Lula Da Silva, Paulo Bernardo, marido de la senadora Gleisi Hoffmann, como nuevo director brasileño de Itaipú en reemplazo de Jorge Samek, quien está al frente de la entidad binacional desde 2003.

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Según publica la revista Época, el funcionario estaría vinculado al proceso de investigación por corrupción de la empresa estatal Petrobras.

“Bernardo es citado en la investigación como autor de un pedido de 1 millón de reales al exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa. El caso está ligado a la campaña electoral de 2010 para la candidatura de su esposa, la actual senadora del PT Gleisi Hoffmann”, refiere la publicación brasileña.

Desde un principio los sucesivos escándalos en el entorno del gobierno de Rousseff vienen salpicando indirectamente a la Itaipú Binacional, que también está en la mira de la justicia.

A la par se inició una fuerte disputa por el cargo de Samek dentro del propio Partido de los Trabajadores (PT) luego de haberse decretado la prisión preventiva del exdiputado André Vargas y el exconsejero de Itaipú y extesorero del PT, João Vaccari Netto.

Caso Eletrobrás

Tras estallar el escándalo de los sobornos en el Brasil también fue arrastrada la empresa Eletrobrás, accionista en un 50% y a la vez la principal acreedora de la Itaipú Binacional. Su anterior presidente, José Antonio Muniz, ocupa actualmente un lugar en el Consejo de Administración de la entidad binacional.

La Eletrobrás quiso evitar que el Tribunal de Cuentas de la Unión inicie una investigación sobre los registros de Itaipú y el flujo de información entre los miembros del Consejo de la binacional y Eletrobrás, teniendo en cuenta que el extesorero del PT João Vaccari Neto, procesado por la fiscalía de su país, fue por casi 11 años consejero de la binacional.

La empresa estatal brasileña soporta además dos demandas en tribunales de los Estados Unidos, donde fue acusada por un grupo de tenedores de sus acciones.

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