Cárdenas ignoró dictamen interno que advertía sobre superposición

En el nuevo “negocio” de Cárdenas que saltó a la luz tras la investigación de un equipo de abogados siguen apareciendo más puntos que comprometen al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El funcionario autorizó la compra de la finca 172 de San Pedro de Ycuamandyyú (San Pedro), que estaba dividida en cinco fracciones, y el pago se hizo a cuenta de supuestos herederos del dueño original de la finca, Saturnino Sosa.

Pero la adquisición, llamativamente, se llevó adelante en dos partes. Primero, el Indert pagó G. 8.919 millones en el 2014 por las fracciones 2, 3, 4 y 5, que corresponden a una superficie total de 1.061 Ha. (detalles del proceso de compra se puede observar en el portal de Contrataciones Públicas, ID 277354). Al año siguiente, el ente agrario desembolsó G. 8.937 millones a favor de los mismos “herederos” por la fracción 1, de 859 Ha. ( ID 297227).

Pero si el ente rural recibió la oferta completa en un solo expediente, ¿por qué Cárdenas no compró las cinco fracciones en un solo ejercicio? La respuesta podría hallarse en el dictamen interno de diciembre de 2013, firmado por los funcionarios Lic. Silvio P. Gómez y el técnico Germán S. Medina. En el documento, ellos le advertían a Cárdenas que “se puede constatar una superposición en la parte norte de la finca 172, fracción 1 ofertada al Indert” (ver facsimilar). Los técnicos subrayaron que “se recomendaría adquirir solamente las partes no afectadas por dicha superposición” y recalcan que en cuanto al resto del inmueble, “deberá ser aclarado los derechos respectivos en los estrados judiciales”.

En principio, aparentemente Cárdenas siguió esta recomendación, a pesar de que incluso la compra de las cuatro fracciones que “se recomendaría” comprar también tenían dudosos documentos. Pero sobre la fracción restante, se tenía la certeza de que las coordenadas indicadas caían sobre Barbero Cue, tierras donadas al Estado en 2012 para los campesinos, vía tratado internacional.

Después, el presidente del Indert terminó comprando inclusive la finca superpuesta, con el argumento de que había beneficiarios que requerían esas tierras. Incluso, ahora habla de que hay 300 familias en el inmueble, lo cual es puesto en duda por el titular de la comisión vecinal Un Pedacito de Italia, de Barbero Cue, Víctor Caballero. “Entendemos que las supuestas viviendas que aparecen en el expediente están fuera de las tierras y, además, en uno de los lados hay muchos esterales”, afirmó ayer a ABC.

Estirada “como chicle”

El equipo jurídico que accedió a todo el expediente en cuestión está compuesto por la Coordinadora de Abogados del Paraguay y por los abogados que llevan el emblemático caso de Barbero Cue, que está desde hace varios años en estrados judiciales. Ellos hicieron notar que la finca 172 extrañamente se estiró “como chicle”, en una producción de documentos públicos de contenido falso.

En principio, la propiedad estaba inscripta con una superficie de 4.383 Ha. (registro de 1977) y tuvo varios desprendimientos tras sucesivas ventas, que resultaron en una dimensión sobrante de poco más de 800 Ha. Pero a través de una mensura judicial llevada a cabo ante el juez Guillermo Lezcano de San Pedro de Ycuamandyyú, los supuestos herederos de Saturnino Sosa consiguieron que se haga figurar que el inmueble mide 7.921 Ha.

Los documentos, cuyas copias fueron entregadas a ABC, indican que Registros Públicos y Catastro inscribieron la mensura irregular, pese a la inconsistencia entre la superficie hallada y el título de propiedad original, que data de 1977.

En ese sentido, la “explicación” que dio el Servicio de Catastro en uno de sus informes relacionados a este caso, fechado en enero de 2013, fue que “la diferencia de la superficie se debe a la mala conversión de la época, ya que la superficie encontrada ahora está calculada con Planilla de Cálculos. Por lo tanto, esta fracción del terreno merece ser rectificada en algunas medidas, con actualización de linderos y superficie”. El documento firma Miguel A. Tortora López, que entonces era jefe de Catastro Rural.

No explica operación

El presidente del Indert envió el miércoles último un comunicado a ABC, sobre el proceso de la finca 172, pero no aclaró por qué compró una finca con dudosa procedencia que, además, cae en parte en la colonia de Barbero Cue.

En su descargo, Cárdenas solo hace referencia a que el proceso se inició en otras administraciones pero no aclara por qué ignoró el dictamen interno que le advertía de superposición entre una parte de la finca en proceso de compra y otra finca que ya había sido donada al Estado paraguayo en el 2012.

Tampoco habló sobre la llamativa aparición de los supuestos “herederos” de una propiedad que data de 1977 y que de repente reclamaron “derechos”.