CARTAS AL DIRECTOR

La escribana Marta B. Narvaja Ramírez, escribana mayor de gobierno, remitió una carta al director en relación con un artículo publicado. El texto dice así:

“Con relación a la publicación del diario ABC Color, del sábado 30 de junio de 2018, nota de tapa que dice ‘Aumentan Gs. 30 millones a hijo de escribana mayor’, más el artículo de la página 14, intitulado ‘El hijo de la escribana mayor recibió de Yacyretá el mayor aumento salarial”, en uso del derecho a réplica, expongo el descargo pertinente y solicito su publicación en las mismas condiciones y con la misma relevancia, en los términos siguientes:

1. Desmiento categóricamente que mi hijo, Diego León Narvaja, haya sido beneficiado con un aumento salarial del 125%. La verdad es que la recategorización salarial implementada últimamente por la entidad Yacyretá, le ha valido el incremento de Gs. 1.461.400, por lo que no es cierto que se le haya duplicado su salario. Adjunto va un cuadro de la Entidad, de cuánto ganaba y cuánto va a ganar ahora.

Le correspondía la Categoría E6, equivalente a Gs. 13.720.700 y el sueldo asignádole por la recategorización, corresponde a la Categoría G4, equivalente a Gs. 15.182.300 y no a la remuneración de Gs. 54.352.854, como malintencionada y maliciosamente lo afirma el diario ABC Color.

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Por otra parte, Diego León Narvaja posee una antigüedad de 15 años en la entidad binacional, por lo que queda incuestionablemente aclarado que no ha sido nombrado en el actual gobierno y la recategorización con la suba salarial de Gs. 1.461.400, es la tercera vez en 15 años que es beneficiado.

2. Con respecto a la denuncia por supuesta malversación de más de Gs. 5.720 millones en la Escribanía Mayor de Gobierno, como publica el diario, bajo el subtítulo ‘Irregularidades’, fue realizada en forma inescrupulosa y temeraria por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, bajo la presidencia de la hoy ‘Flamante, grosera y escandalosa’ abogada Kathia Gonzalez y desestimada por la fiscalía, por ser totalmente infundada. El monto de Gs. 5.720.000.000 corresponde al precio pagado por la compra de un inmueble para sede institucional, autorizada por decreto del Poder Ejecutivo. El pago de dicha suma consta en la escritura pública de compra venta de la casa, que fue adquirida a un bajísimo precio, puesto que, en realidad, por la ubicación y las características del edificio, vale muchísimo más. Esto es fácilmente comprobable y verificable a simple vista, por lo que invito a todos los que quieran conocer el local adquirido a presentarse en horario de oficina y –con mucho orgullo– voy a mostrar a todos el precioso inmueble adquirido para el Estado paraguayo, inscripto con la categoría de Bien Cultural de la Nación.

Por tanto, no existió malversación de fondos públicos, al contrario, los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda a la Escribanía Mayor de Gobierno para la compra de un inmueble fueron correctamente utilizados según el destino previsto.

3. Con relación a mi actuación como escribana mayor de gobierno en los casos de Chino Cué, al que se califica como un ‘negociado’, y en el caso de Barbero Cué, en el que se afirma que mi intervención fue ‘en contra de los campesinos’, también desmiento enfáticamente lo expresado por el diario. La aludida publicación de la página 14, sin argumentación alguna ni fundamentos claros, trata de ensuciar mi buen nombre y actuación como profesional y funcionaria pública, por lo que es mi obligación aclarar la intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno en los referidos casos:

Caso colonia Chino Cue, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná:

No intervine en ningún negociado. La Escribanía Mayor ha regularizado las tierras adquiridas por el Indert mediante la unificación de las matriculas que conforman el asentamiento. La escritura formalizada por mí, como escribana mayor de gobierno, es un mero acto administrativo y es gratuito, con costo cero para el Indert.

No existe negociado alguno, porque el inmueble fue adquirido por el Indert de una empresa privada y la escritura pública de transferencia no fue formalizada por la Escribanía Mayor de Gobierno sino por una escribana pública particular en el año 2015. En esta adquisición no intervino para nada la escribanía Mayor de Gobierno.

Caso tierras de Barbero Cue:

La publicación del diario dice que la intervención de la escribana mayor de gobierno fue en ‘Contra de los campesinos’, lo cual es totalmente falso por las siguientes razones:

La escritura pública formalizada por la Escribanía Mayor de Gobierno (Nº 35, del 2 de setiembre de 2016), es una mera transcripción de la Ley:

A requerimiento del Indert, la Escribanía Mayor de Gobierno formalizó la escritura pública de Transcripción de la Ley ‘Que aprueba el acuerdo de donación de la finca Nº 231, padrón Nº 682, del distrito de San Pedro del Ycuamandyju y el informe pericial aprobado por sentencia judicial en juicio de mensura’. La escritura fue inscripta, debidamente, en el Registro de Inmueble, a nombre del Estado – Indert.

Por lo tanto, no es una transferencia, es una mera transcripción de documentos legales. La donación fue hecha por un acuerdo internacional entre dos países soberanos, mucho tiempo atrás.

Por lo expuesto brevemente, y en lo que hace a la actuación de la Escribanía Mayor de Gobierno, se afirma categóricamente, que se dio cumplimiento al ‘Acuerdo Internacional’ de referencia, en la parte que hace a la inscripción de la finca donada, a nombre del Estado Paraguayo, para así poder transferir el Indert a favor de los campesinos que hasta esa fecha no poseían títulos de propiedad.

La Escribanía Mayor de Gobierno no intervino para nada, porque de hecho no le corresponde, en el proceso de mensura judicial del inmueble.

Lastimosamente, existe un grupo de personas que dicen ser ocupantes con derecho, liderados por abogados inescrupulosos que no sabemos qué intereses persiguen, que cuestionan la validez y regularidad de la escritura pública y de la mensura judicial llevada a cabo, interrumpiendo la labor del Gobierno para el otorgamiento de los títulos y perjudicando a los beneficiarios de la reforma agraria, ocupantes reales y con derechos sobre Barbero Cué.

Lo cierto es – señor director - que es muy fácil ensuciar el buen nombre de las personas y lastimar a las familias, mediante informaciones falsas, publicadas sin la más mínima comprobación de su veracidad, por lo que me permito expresar mi indignación respecto a las informaciones vertidas, que enlodan años de trayectoria profesional, mi dignidad personal y el honor de mi familia, preciados bienes éstos que no se compran con dinero y que una vez manchados difíciles son de limpiar. Es una miserable actitud suya a la cual paraguayos de bien no estamos acostumbrados. Tenga Ud. presente que el daño que Ud. ocasiona se paga acá en la tierra y que Ud. no tiene ningún derecho a ensuciar el nombre de ningún ciudadano paraguayo y valerse de cualquiera, de mí en este caso, para atacar a personas que no responden a sus oscuros intereses. A mí me costó todos los años de mi vida, que ya son muchos, mantenerme honorable y no va a ser Ud. el que quiera enlodar mi conducta y buen nombre ni la de mi familia”, finaliza la misiva.

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