Recordemos que en el 2005 la empresa CDSSA, cuyo accionista mayoritario es Joseph Goldstein, fue beneficiado con un contrato de concesión del bloque Boquerón, de 500.000 hectáreas, autorizado por ley del Congreso Nacional, por el plazo de cinco años.
Además, se le benefició con la suspensión del plazo por un año y medio y pese a todo ello, no realizó durante todo ese tiempo una sola excavación con fines exploratorios, según explicó el viceministro de Minas y Energía, Emilio Buongermini.
En su artículo 66, la Ley de Hidrocarburos dispone que los permisos o concesiones se extinguen por el vencimiento de sus plazos. Como, según Buongermini, ocurrió en este caso.
La notificación de la extinción del contrato se hizo en el año 2011 por la entonces viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese. Precisamente esta notificación fue recurrida al año siguiente por la empresa CDS SA Energy, cuyo abogado, Juan Sosa Bareiro, dijo a ABC que el Viceministerio de Minas y Energía no podía dejar sin efecto una ley (la que otorgó la concesión) mediante una nota de carácter interno, pues, según dijo, la notificación no llegó a la empresa.
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El Tribunal de Cuentas hizo lugar al recurso de CDS Energy, bajo el argumento de que el MOPC debió beneficiar a la empresa con la suspensión del plazo, mientras no se definiera el tema de la licencia ambiental de la Seam.
La resolución del caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el MOPC prepara una nueva concesión del mismo bloque.