Al mencionar que el país andino ha invertido US$ 20.000 millones bajo dicha modalidad, señaló que con los aportes únicamente del Estado, sería imposible, y en consecuencia se deben promover formas distintas de financiamiento a través del sector privado. “Hay que buscar las modalidades que correspondan a cada realidad nacional para ver de qué forma eso puede expresarse en buenas leyes, buenos contratos, buenos proyectos y servicialidad hacia la comunidad”, agregó.
Por su parte, Lucas Palacios Covarrubias, vicerrector económico de la Universidad del Desarrollo de Chile, habló sobre los beneficios económicos y sociales que tiene la APP para obras de construcción. “La inversión en infraestructura democratiza a los países porque integra territorio, brinda nuevas oportunidades. Es importante que para fortalecer la democracia también desarrollemos en forma auspiciosa, fuerte y con decisión, la infraestructura. Los gobiernos tienen múltiples necesidades que satisfacer, pero cuentan con recursos limitados, y es ahí donde el financiamiento de la construcción pueden ser en colaboración con el sector privado. El Estado de esa forma puede dedicar recursos, mayor tiempo y esfuerzos a aquellas áreas sociales como seguridad, educación, salud, que son siempre necesarias de resolver”, resaltó.
Carlos Piaggio, gerente del área de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), resaltó a su vez la necesidad de infraestructura y la importancia para el desarrollo del país, lo que significa no contar con ella y, por ende, su impacto en la productividad y la calidad de vida de la gente. Sugirió que se debe tener una política de largo plazo en esta materia, además de reglas de inversión que permanezcan y no cambien con el tiempo.