MINGA PORÃ (De nuestra redacción regional). La manifestación se inició a las 09:00 de ayer y se extendió hasta pasadas las 11:00 y generó una fila de al menos diez kilómetros de extensión a cada lado del punto de bloqueo.
Los manifestantes son cuarenta productores que habían logrado una medida cautelar de “prohibición de innovar de hecho y de derecho que provenga de terceros” y exigen que esta orden judicial cumpla la Policía Nacional.
El 10 de diciembre pasado, la jueza Eresmilda Román Paiva, del juzgado civil de Itakyry, dispuso esa medida (AI 229) a favor de 40 productores afectados por la recuperación de tierras en la colonia Santa Lucía, en el marco de los trabajos de reforma agraria del Indert. La resolución judicial afecta a siete lotes que suman 124 hectáreas.
Sin embargo, los productores sostienen que esa orden judicial no se respeta, pues no pueden cosechar la soja que cultivaron.
La semana pasada, un grupo de carperos ordenó a un productor a descargar unos 2.000 kilos de soja que acababa de cosechar. Esto debido a que, según ellos, fueron reubicados en dicho lugar y que la cosecha la estaban realizando en propiedad que el Indert les otorgó.
Los productores, a su turno, afirman que tienen el título de esas propiedades y exigen la posesión de los inmuebles.
Rolando Cáceres, abogado de los 40 productores, el que planteó la medida, dijo que lamentan que la Policía se niegue a cumplir una orden judicial y que solo favorecen a carperos en detrimento de los productores.
Además, los cuarenta presentaron denuncia en masa ante el Ministerio Público contra el jefe de Policía, Wilfrido Colmán, por desacato; contra el presidente del Indert, Justo Cárdenas, por lesión de confianza, producción de documentos auténticos de contenido falso y apropiación. “Ni siquiera se le llamó a declarar a nadie, la fiscalía no investigó estas denuncias”, reclamó el abogado Cáceres.
Agregó que cuando el presidente del Indert, Justo Cárdenas, se enteró de la medida cautelar, llamó a la mencionada magistrada a amenazarla telefónicamente con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).