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La comunidad indígena Aché Kuetuvy es propietaria de la finca 470, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre en el distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú. Según los datos del expediente, tras 15 años de intensas gestiones, se logró el título definitivo a nombre de esta comunidad.
En comunicación con el abogado Eduardo Bernal Amarilla, representante legal de los denunciantes, explicó que, pese a ser los propietarios legítimos, los aché siguen viviendo en zozobra, debido a la permanente invasión de sus tierras por parte de terceros. Es que el inmueble tiene 4.768 hectáreas de reserva boscosa, donde se pensaba aplicar un plan de mantenimiento sostenible, pero que resulta muy atractivo para los deforestadores, disfrazados de “campesinos sin tierra”.
Si bien los indígenas mencionados tienen cultivo de yerba mate orgánica, con todas sus certificaciones internacionales FDA, Kosher, Trade Faire, para su exportación al mercado norteamericano, no pueden iniciar las actividades previstas, por ejemplo de apicultura, porque las invasiones truncaron el proyecto. La comunidad también inició el año pasado la producción de zanahorias y cebollas, para comercialización y autoconsumo.
Sin embargo, el asedio constante de delincuentes impide que los aché sigan progresando. Según informó Bernal, en invasiones anteriores los delincuentes que destruyen el hábitat han emboscado a los guardabosques y resultó muerto Bruno Chevugi, como consecuencia de varios disparos de escopeta, además de que dos fueron heridos gravemente.
Incluso, se presume que funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) amparan a los invasores. “Toda esta situación de peligro pone en riesgo el plan de desarrollo llevado a cabo. Está en serio peligro de terminar debido a que desde hace bastante tiempo la propiedad se encuentra invadida por personas que no solo invadieron para su ocupación, sino que además están vendiendo las tierras a personas que vienen y se instalan, en la creencia de que están adquiriendo tierras en forma legal, ya que estos delincuentes entregan un papel con logo, sello y la supuesta firma del presidente del Indert”, señaló.
Sin respuesta
Ante todas esta violaciones de derechos, los afectados recurrieron a la fiscalía zonal, se abrió una investigación, los fiscales llegaron a constituirse, pero hasta el momento no hay ningún resultado. “Hemos recurrido incluso al fiscal general, para que ordene la inmediata aprehensión de los invasores, y al Ministerio del Interior, para que a través de la Policía Nacional ordene el acompañamiento de una dotación policial suficiente para dar protección al procedimiento fiscal. Pero, pese a ello, hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, lamentó el abogado.