Los ministros Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera argumentan que existe imposibilidad jurídica de atender en grado de apelación general la revisión de las resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelaciones, ya que la Sala Penal no puede erigirse como una tercera instancia en la revisión de los fallos dictados por los órganos jurisdiccionales inferiores.

El 1 de agosto pasado, los defensores Vicente Morales, Carmen Morales y Guillermo Ferreiro recusaron a la jueza Ríos supuestamente por admitir pruebas que no habían sido ofrecidas por la fiscalía.