La propiedad de referencia, de unas 6.863 hectáreas, está registrada como matrícula 206 Q01, padrón 5212, de Mariscal Estigarribia (ex finca N° 10236, de Pedro P. Peña). Estas tierras son objeto de disputa, debido a que un grupo de compatriotas las solicitaron ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Precisamente, estos compatriotas –llamados Hugo Alejandro Galeano y Deolinda Woroniecki– llegaron hasta ABC Color semanas atrás y dijeron que la firma de los Zapag cometió varios hechos punibles, como producción de documentos no auténticos, al llevar su título de propiedad a 5 km de donde realmente debería estar ubicada.

Ante esta denuncia, Peyrat respondió en nombre de la firma y explicó que, efectivamente, hubo dos registros diferentes sobre la misma propiedad. Primero, tras adquirir el inmueble en el 2005, Cimportex contrató a un perito que confeccionó un plano para realizar las inscripciones correspondientes. Así, se inscribió el plano en Catastro y, también, la transferencia del inmueble, que en el pasado perteneció al Cnel. Gregorio Benítez.

Pero años más tarde –continuó explicando el arquitecto–, específicamente en el 2013, iniciaron una mensura judicial y cayeron en la cuenta de que las coordenadas registradas estaban equivocadas. Esto se debió a que el agrimensor hizo un trabajo de gabinete y no de campo. Fue así que los datos erróneos se corrigieron en dicha mensura y eso se inscribió en los registros.

“La propiedad siempre estuvo allí y la referencia es la Línea 19 del Chaco, que es muy conocida y también es el límite común con los colindantes. Esta Línea 19 aparece en el título que dio el IBR (Instituto de Bienestar Rural) y en la transferencia a Cimportex”, explicó.

Señaló además que estas confusiones se dan porque el Indert da trámite a los pedidos de tierras, al no tener un registro informatizado. No obstante, el ente otorga título sin perjuicio a terceros que puedan reclamar derechos. En este caso –acotó– la institución desestimó el pedido de terceros, por tratarse de una propiedad privada con título, ocupación y posesión. Esta gente recurrió a instancias judiciales, en las que no se dio lugar al pedido de retener la posesión, por lo que, para Cimportex, el caso está totalmente aclarado.