Con relación al aumento del salario mínimo, que está sin moverse desde marzo de 2014, se manejaba un eventual reajuste de 7,2%. Sin embargo, con la inflación que resulte en noviembre, el acumulado podría sobrepasar el 8% desde el último ajuste salarial, con lo cual el salario mínimo pasaría a alrededor de G. 1.962.000.
De todas formas, el ministro Sosa admitió que no se descarta la aplicación de un redondeo a G. 2.000.000. “Es posible, hay antecedentes que se dieron en el pasado”, afirmó al respecto.
Ahora, todo depende de lo que hoy se proponga y se decida recomendar desde el Consejo de Salario Mínimo al Poder Ejecutivo, que finalmente debe tomar la decisión y emitir el decreto correspondiente.
El salario mínimo es hoy de 1.824.055, y hay una inflación acumulada del 7,7% (sin incluir noviembre) desde el último ajuste.
El ministro aclaró que el ajuste anual solo afectará a quienes perciben el salario mínimo. “Los que forman parte del sector informal y cobran menos también podrán negociar”, acotó. Aproximadamente, 350.000 personas perciben el sueldo mínimo y 500.000 se encuentran en la informalidad, según los datos por Sosa.
Todo este movimiento se da después de que Diputados sancionara el miércoles la ley que permite revisar el sueldo mínimo en junio de cada año, con la inflación que sea, y también habilita a hacer ajustes fuera de ese periodo en casos especiales.
En contra
En un comunicado, la Cámara de Comercio alertó ayer de la combinación de un “populismo tardío” en Paraguay, impulsado por las tempranas disputas electorales, pone en riesgo el “valor más atractivo e importante”, que es la estabilidad económica. En ese sentido, destaca que el “cóctel explosivo” que se está gestando se completó con el nuevo régimen para el aumento del salario mínimo sancionado por el Congreso, de cuyas consecuencias en la economía y el presupuesto público ya se “advirtió con dureza en su momento”.
Advierte, asimismo, que Paraguay está ingresando en un “momento económico muy delicado” por el aumento de los gastos corrientes (salarios públicos), por la subida del servicio de la deuda externa, incremento del déficit fiscal, y por las “cargas irracionales” que se trasladan al sector económico, con medidas populistas como el cambio en el sistema de ajuste salarial.