–¿Qué trabajos desarrolla normalmente la consultora?
–Esta es una firma internacional de prestación de servicios profesionales, cuyas tareas más tradicionales son auditoría y asesoramiento en impuestos. También se han incorporado actividades de consultoría en temas económicos y de gestión y una serie de trabajos adicionales al núcleo primario de negocios.
–¿Tiene socios paraguayos?
–La sociedad se compone de cuatro socios. Dos de ellos son paraguayos: Ana Lía Simancas y Daniel Fariña.
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–¿Cuál es el trabajo que harán en el MOPC?
–El ministerio necesita gestionar proyectos importantes y ha reconocido que no puede manejar todos esos proyectos con la estructura actual que tiene. Entonces se ha planteado la necesidad de tener asesoramiento y asistencia para desarrollar toda una gestión que le permita ser más eficiente y más eficaz en el desarrollo de su tarea.
–¿Será posible instalar ese nuevo modelo con los mismos funcionarios y la estructura que subyace?
–Yo creo que eso va a depender mucho del ministerio, pero creo que no pasa por ahí. Pasa por simplificar procedimientos y establecer puntos de control eficientes. A veces el Estado peca en excesos de control, se controla una misma cosa varias veces. A veces los gobiernos tienden a crear funciones de control que nada aportan al resultado final y solo engrosan la estructura. Además de los consultores nuestros, el MOPC tendrá que contratar funcionarios que encabecen este proceso cuando nos hayamos ido.
–¿Han intervenido alguna vez en una institución pública de estas características?
–Como Deloitte Internacional tenemos bastante experiencia y contamos con profesionales especializados que trabajaron en España durante el boom de la construcción. Aquí en Paraguay será la primera vez.
–¿Con qué esperan encontrarse en el MOPC?
–Sabemos que ha habido un drenaje de recursos humanos. Esto también ha sido producto de que el sector privado se expandió y el MOPC perdió mucho talento, creo que parte de la idea que tienen es recuperar parte de ese talento que puedan trabajar en conjunto con la consultoría para diseñar el nuevo modelo de gestión.
–¿Cuál será el resultado y en cuánto tiempo se podrá ver la diferencia?
–Hay muchas formas de medir una gestión más eficiente. Si una obra, entre el proyecto y la ejecución se demoraba, en promedio, unos 10 años, esperamos reducir ese plazo a un tiempo mucho más razonable. En la medida que haya procesos más eficientes ese plazo se puede reducir más significativamente. Entre más rápido se termina una obra más pronto comienzan a verse los frutos de ella.
–¿Conoce el organigrama del MOPC?
–Sí, lo he visto.
–¿Cuál fue primera impresión?
–Es un ministerio complejo. Pero no es parte de esta consultoría hacer un rediseño del ministerio.
–¿De qué depende que esta operación sea un éxito y se instalen procesos más ágiles?
–Siempre hay dos cuestiones importantes que hacen que un proyecto tenga éxito. Por un lado debe haber know-how para asesorar adecuadamente, que nosotros tenemos, además de experiencias. Por otro lado hace falta decisión política para hacer un cambio dentro de lo que son sus estructuras y procedimientos y a mí me parece que esa decisión también existe. Yo creo que existen las condiciones para que tengamos éxito de entrada. Los resultados no se pueden ver rápidamente porque una obra adecuadamente gestionada desde que se piensa hasta que se termina puede demandar cuatro a cinco años. Probablemente el fruto de todo este trabajo se vea al final de este gobierno o al principio del próximo.
–Estamos acostumbrados a que cada administrador que llega deshaga lo anterior, ¿qué va a garantizar que en este caso eso no ocurra?
–Creemos que durante este gobierno el proceso se desarrollará normalmente. Si se hace el camino hacia una mayor transparencia y eficiencia esto va a ser permanente en el sentido de que nadie va a poder ir en contra de eso.
–¿En qué otros países se han implantado procesos similares y han tenido éxito?
–El mejor ejemplo es España, de donde vamos a traer muchos especialistas. Es un modelo de cómo se han ejecutado en forma eficiente obras públicas definidas por el gobierno y con la colaboración de consultoras del sector privado.