La investigación abierta en la CGR para determinar si hubo sobrefacturación en la línea de 500 kV de Itaipú tendrá dos aristas; una técnica y otra contable. En la primera van a requerir las especificaciones de las torres y conductores utilizados en ambas licitaciones, así como sus características, para determinar las diferencias entre uno y otro tendido. En la segunda analizarán los costos y pagos realizados.
Para ello volvieron a requerir más datos y documentos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a la Itaipú Binacional –a través de la Cancillería– y a la empresa CIE, que participa en consorcio con otras firmas internacionales en ambos proyectos.
Al respecto, el contralor interino Roy Rodgers dispuso que tres departamentos de la Contraloría se ocupen de este caso.
–¿Cuál es el alcance de la investigación que se inició?
–El primer objetivo de nuestro trabajo será cuantificar los bienes suministrados y luego entraremos a analizar los costos. Para la parte técnica, requerimos información a la ANDE y además vamos a recurrir a la Facultad de Ingeniería de la UNA, con la que tenemos un convenio de cooperación. La intención es determinar la existencia o no de un perjuicio o el incumplimiento de los procesos establecidos en las normas de licitación de Itaipú, ya que la entidad no se rige por la ley 2051 de Contrataciones Públicas.
–¿Cuáles son las hipótesis que manejan en este caso?
–Vamos a ver cómo se van dando las circunstancias. Se les dará participación a todas las partes intervinientes y principalmente a la Itaipú, que es la que debería justificar la diferencia; aunque, si bien es cierto, estamos hablando de otras administraciones. La cuestión es llegar a saber por qué la línea de 2011 costó el doble de lo que cuesta una similar este año. Es cierto, fue hace tres años, pero es la misma línea. Debemos determinar si hubo perjuicio; pues, todo perjuicio implica unas normas administrativas que fueron violadas. Administrativamente pudo haber existido una irregularidad y es eso lo que vamos a revisar.
–¿Qué aspectos se tendrán en cuenta en esta revisión?
–Hay muchos aspectos que se están revisando; pero lo que institucionalmente vamos a hacer, en primer lugar, es ratificar lo que la Contraloría siempre sostuvo y es que la Itaipú es un sujeto de control y, en este sentido, debe resaltarse la predisposición de la actual administración de la entidad Itaipú, en comparación con las anteriores, que negaban eso. Yo hace 20 años estoy aquí en la Contraloría y la predisposición de este gobierno de cumplir el ordenamiento legal no tuvo ninguno de los anteriores.
–Pero, inicialmente, Itaipú se resistía a investigar sobre este caso...
–La verdad es que hay una mayor apertura hacia los órganos de control, incluso en el lado brasileño, donde el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ingresó ahora y se declaró competente. En este caso nos interesa marcar una presencia con la posibilidad de coordinar acciones con el TCU en base a la cooperación y a las relaciones que existen hace décadas con la Contraloría. Nuestra intención es llegar a auditorías coordinadas para poder determinar la eficiencia y eficacia de las binacionales que son propiedad de los dos Estados.
–¿Van a pedir la colaboración del TCU para investigar este caso en el lado brasileño?
–Nosotros vamos a coordinar con el TCU porque nos pasó varias veces que pedimos informes y nos respondieron que los papeles estaban en Curitiba. El presidente del TCU (Aroldo Cedraz), que es uno de los órganos más respetados y prestigiosos en el Brasil, nos confirmó que ellos ya están adentro de la entidad binacional y nosotros todavía no. Por eso, para nosotros va a ser importante coordinar con el TCU.
–Precisamente, ¿cómo ve la revisión del Anexo C en Yacyretá y lo que podría pasar con Itaipú en 2023?
–Las negociaciones en las dos binacionales, Itaipú y Yacyretá, tienen una misma particularidad, los tratados nunca fueron favorables al Paraguay en ninguno de los dos casos; sin embargo, la única ventaja que se puede aprovechar es que toda la energía que se pueda consumir, se pueda retirar. Esta línea que vendrá desde Yacyretá nos permitirá pelear mejores condiciones en las negociaciones con Argentina. El tratado dice que no se puede comercializar a terceros países, pero no dice que no se pueda vender por ejemplo al Norte argentino, a través de Formosa o el Chaco desde Villa Hayes. Por eso, la importancia estratégica de esta línea es que nos servirá para una mayor soberanía energética. La proyección de abastecimiento eléctrico con dos líneas de 500 kV es inmensa.
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