La nota, firmada por el Contralor General de la República, Óscar Rubén Velázquez, dirigida al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, señala que el pedido se fundamenta en disposiciones Constitucionales sobre los deberes y atribuciones de la Contraloría y que, en tal sentido, solicita los antecedentes del referido caso, considerado por el mismo titular del ente agrario como uno de los hechos de corrupción más graves dentro del Instituto.
“El suministro de tales informes será obligatorio para los organismos y funcionarios públicos o privados a que se refiera cada caso concreto, so pena de incurrir en encubrimiento en los casos en que se comprobaren ilícitos”, dice una parte de la nota de la Contraloría.
En la misma se solicita incluso la denuncia que el propio Justo Cárdenas presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos sobre este caso.
“La documentación requerida deberá ser remitida por las entidades arriba mencionadas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la presente nota”, agrega la misiva firmada por el contralor Óscar Rubén Velázquez.
Recordemos que, tras las publicaciones de ABC sobre el meganegociado en Salto del Guairá con tierras del Indert, la Fiscalía ordenó, de oficio, la investigación del caso, considerando que existen elementos suficientes para iniciar la pesquisa judicial por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Posteriormente, el titular del Indert presentó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción toda la documentación relacionada al caso.
Ahora la Contraloría General de la República se suma a la investigación de las irregularidades denunciadas en este tema.
Antecedentes
Entre el 9 y 10 de mayo de este año, bajo la presidencia del Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti (entonces también ministro Anticorrupción), se presentaron cinco pedidos de reconstitución de expedientes por igual cantidad de lotes en el distrito de Salto del Guairá, por un total de poco más de 7 hectáreas.
Posteriormente dieron trámite a esos pedidos y en tiempo récord otorgaron incluso los títulos de propiedad, firmados por Ramírez Montalbetti, fijándose el precio de venta de G. 840.000 por hectárea.
Sin embargo, el valor de mercado de estas tierras oscila entre 3 y hasta 6 millones de dólares la hectárea. Existen además numerosas otras irregularidades en los expedientes, como la falsificación de firmas y otras.
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