Aunque en su momento Cootrapar ha alentado la intervención estatal en Acepar, la actual iniciativa del Gobierno de reestatizar esa empresa podría dejar también sin sus derechos accionarios a dicha cooperativa, lo mismo que a los inversores privados, pues ambos sectores conforman el consorcio Cosipar, que en 1997 firmó como parte compradora el acuerdo de privatización de la siderúrgica chaqueña.
Ante esa situación reaccionó ayer el principal dirigente de Cootrapar, Hugo González Chirico, alertando al gobierno de Horacio Cartes de que si va a hacer bien las cosas en Acepar debe cuidar de no hacer daño a los trabajadores accionistas, que –según él– desde el año 2000 vienen denunciando con documentos ante las instituciones pertinentes las irregularidades y maniobras administrativas con las que el sector empresarial (primero con Guillermo Stanley y Juan Carlos Canese al frente y luego Sergio Tasselli) procedió a vaciar la acería en detrimento de los socios minoritarios.
“Lo más triste es que el Estado, que ayer fue cómplice de todo eso, ya sea con su silencio o la actuación parcialista de sus instituciones, hoy da la razón a nuestras denuncias, las da por ciertas (al pedir el arbitraje). Y lo más lastimoso es que no solo hubo cuantiosas pérdidas económicas (con la anterior actitud estatal), sino que también muerte de compañeros y hombres inocentes han ido a parar a la cárcel y se les ha perseguido y perjudicado con denuncias falsas”, alegó Chirico.
Según el dirigente, los únicos argumentos y las únicas pruebas que posee el Estado en este caso son las que ha aportado Cootrapar en todo este tiempo: “El Estado fue cómplice de todo lo que pasó, no Cootrapar. Por lo menos tres gobiernos (Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco) y sus respectivos procuradores ha avalado el vaciamiento de Acepar. Por eso sostenemos que Cootrapar fue y es víctima de la complicidad del Estado con el grupo que saqueó Acepar”.
González Chirico se refiere al hecho de que Sergio Tasselli ha declarado, en informes entregados a interesados en sus acciones, un pasivo de casi US$ 48 millones. Si eso se confirmara, representaría un enorme perjuicio para la cooperativa, pues un tercio de esas deudas (US$ 16 millones) sería de su responsabilidad.
Intervención judicial
La historia hubiera sido distinta, según Chirico, si la Justicia hubiese actuado como debía en 2009, cuando Cootrapar pidió una intervención judicial. Añadió que tampoco el procurador de entonces, Enrique García, se animó a apoyar aquella iniciativa. “Por eso, que hoy no nos metan en la misma bolsa”, reclamó el dirigente.
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