Cárdenas ensayó ayer ante la prensa una serie de respuestas engañosas a los cuestionamientos sobre las obras financiadas con el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides). Dijo que no apañará irregularidades en la instalación de sistemas de agua potable, pero expuso una insistente defensa al trabajo con las dudosas ONG, eludiendo la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
Cuando fue consultado sobre el tráfico de influencia y la arbitrariedad para la adjudicación de las obras, específicamente sobre los pozos construidos por el dirigente colorado José Martínez, amigo del presidente de la República, Horacio Cartes, se limitó a responder que para él, lo más importante es que los trabajos fueron terminados. No mencionó, empero, que hasta el hijo de Martínez, José Armando Martínez, fue contratado. Entre los dos, padre e hijo, fueron beneficiados con G. 7.846 millones del Fides durante el actual gobierno (ver cuadro).
Vale decir, al titular del ente agrario poco le interesa el delito del tráfico de influencia, tipificado en la Ley Nº 2523/04 y sancionado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa, según se lee en su artículo 7º. Cárdenas evitó opinar sobre los antecedentes de Martínez, funcionario de Puertos acusado por soborno agravado en el denominado caso “maletines para la corona”.
En conversación con nuestro diario, el dirigente colorado reconoció que es muy cercano al Presidente de la República, pero se excusó diciendo que más allá de eso, su empresa realizó en tiempo y forma los pozos. “El Presidente es mi amigo y no lo voy a negar. Yo soy más cartista que Cartes, pero él no te va a perdonar una falla, ni un punto ni la coma si hacés mal. Me va a cortar la amistad si fallo”, afirmó.
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También reconoció que su hijo fue contratado para construir “uno o dos pozos”, aunque alegó que los trabajos que este hizo fueron incluso mejores que los suyos, porque es “especializado en eso”. Costosas obras a través de ONG intermediarias
En la conferencia de prensa, se le consultó a Cárdenas por qué insiste en trabajar con las ONG, sabiendo que es una intermediación innecesaria que infla costos, puesto que estas a su vez tienen que subcontratar a constructoras para la instalación de los sistemas de agua. Respondió que le limita el presupuesto asignado por el Congreso, pues estos trabajos se financian con el rubro 800 de transferencias. Sin embargo, el Ejecutivo es el que presenta el presupuesto anual y, de hecho, el Fides contempla gastos de inversiones del rubro 500. Incluso, en 2014 el ente llegó a construir pozos a través del rubro 500, rigiéndose por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, lo que resultó ser más barato, eficiente y transparente.
El titular del Indert hizo referencia al convenio con la ONG Fucela, que gestionó la construcción de pozos en Horqueta (Concepción) y que fue denunciada por vecinos debido a que las obras quedaron inconclusas. Al respecto, alegó que hubo retrasos por “inclemencia del tiempo” y que de todos modos, las obras serán revisadas ya que aún no cuentan con recepción final. Lo que no supo explicar es cómo es posible que la organización en cuestión haya recibido el 100% de los pagos en octubre de 2015, unos G. 2.500 millones, y siete meses después no se tengan las instalaciones con los requisitos técnicos requeridos.
Tampoco supo justificar el hecho de que muchas obras se hicieron antes de contar con la aprobación del Indert, según reconoció el propio funcionario del Fides, Santiago Ochippinti, en una reunión de la Junta Asesora del 8 de setiembre de 2015, lo cual quedó constancia en acta. Al respecto, se limitó a decir que la consulta hay que derivarla a Ochippinti.
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