En ese sentido, Encina manifestó que, aunque es partidario de la revisión de la “tarifa social”, cree que hoy se debe priorizar la inversión en infraestructura de distribución, que es la mayor limitación que actualmente tiene la ANDE.

Manifestó igualmente el concepto de Responsabilidad Social y Ambiental no se encuentra definido en ninguno de los tratados (ni de Itaipú ni de Yacyretá), y que la inversión realizada para ayuda social y ambiental forma parte de los gastos de explotación de ambas binacionales, que cada año debe reducirse; es decir, no son fijas. “Ordena al Estado a usar ese mismo concepto para obras de distribución y transmisión, sin mencionar los montos”, dijo.

Propone como alternativa eliminar el Pliego de Tarifas N° 21/17 de ANDE, que originó los reclamos de facturación, y volver al anterior. “Cuando solucionemos la distribución y apliquemos tarifas justas, ahí podremos hasta pensar, incluso, en una tarifa gratuita”, subrayó.