No obstante, el caso, al menos en el ámbito de la opinión pública nacional, volvió a erupcionar el jueves 28 de septiembre último, luego de que el actual canciller argentino, Jorge Faurie, en respuesta a una pregunta de los periodistas paraguayos, declarara que su gobierno “sigue con especial atención” esa demanda del grupo multinacional constructor, en definitiva una deuda que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) arrastra desde la década de los años ‘90.
Faurie visitó Asunción el 28 de septiembre, entre otras cosas, para suscribir con su par Eladio Loizaga la Nota Reversal que modificará el Anexo C del Tratado de Yacyretá (bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad del ente binacional) que caducó el 27 de marzo de 2014.
El texto del nuevo instrumento diplomático, cuatro días después de su formalización en el nivel de los poderes ejecutivos de ambos países, aún no fue divulgado, ni lo será, según el canciller, porque los legisladores, en definitiva representantes del pueblo, no deben enterarse de su contenido a través de la prensa.
De la posición de Loizaga, que reverdece la vieja práctica de la “diplomacia entre cuatro paredes”, el mascarón de proa del autoritarismo stronista, se infiere que el pueblo no tendrá acceso al documento hasta después del 17 diciembre de este año, fecha en que la ANR dirimirá sus actuales discrepancias en elecciones internas.
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A pesar de que el canciller insistiera en señalar que la nueva Nota Reversal contiene lo que acordaron el 4 de mayo último los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, sus afirmaciones pierden credibilidad porque se opone a que el pueblo conozca el documento.
El Monumento a la...
El 3 de abril de 1990, el presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, calificaba al proyecto binacional como “Monumento a la Corrupción” porque “en menos del 50% de la obra hay inversiones de más de US$ 3000 millones (ABC, 4/04/1990. Pág. 11).
A pesar de la explosiva denuncia de Menem, nadie fue puesto a disposición de la Justicia y los escultores del Monumento aún disfrutan de las sumas desviadas.
El 22 de febrero de este año ABC advertía que la EBY se expone al riesgo de perder US$ 900 millones debido al reclamo de marras.
Al día siguiente, el director paraguayo del ente, Ing. Ángel Recalde, aseguraba que no aceptarán pagar el monto reclamado por el grupo constructor, y que ese pasivo “a lo sumo” sería de US$ 100 millones.
Otras fuentes reiteran que en las antesalas de los presidentes, especialmente del argentino, hay pertinaces lobistas que buscan reactivar el caso cuya resolución beneficiará no solo a la excontratista de la EBY, sino también a funcionarios infieles que una vez más buscan medrar con estos pleitos que, pese al silencio oficial, siguen inquietantemente latentes.
US$ 100 M., “a lo sumo”
Los ACP (asuntos contractuales pendientes) reclamados por Eriday datan de los años 90. Entre 1996 y 1998 el director ejecutivo de la EBY Jorge Pedreira rechazó 38 de los ACP y cuestionó 17, razón por la cual la suma aceptable era de US$ 101 millones. El 23 de febrero la EBY en Paraguay negaba toda posibilidad de “arreglo bajo la mesa” y, según su director, Ángel Recalde, el monto exigible “a lo sumo” era de US$ 100 millones.