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En noviembre de 2013, el actual gobierno inició su plan para evitar el ingreso de productos de contrabando con el operativo “Hendy”, que incluía, entre otros puntos, el proyecto de formalizar la situación de los trabajadores que trasladan mercaderías que ingresan a nuestro mercado desde Argentina y también desde Brasil.
Un mes después del lanzamiento, en diciembre, la Aduana y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) habilitaron un sistema mediante el cual los trabajadores de la frontera podían obtener su RUC. Para eso, técnicos de la SET se instalaron en Itá Enramada, Puerto Falcón, Nanawa (ex Puerto Elsa) y Ciudad del Este, puntos de ingreso de las mercaderías.
Según la Aduana, unos 800 trabajadores de frontera obtuvieron su Registro Único del Contribuyente (RUC) en ese tiempo, documento que después les iba a servir para obtener los permisos sanitarios.
Las exigencias de tener estos registros sanitarios fueron incluidas en los decretos 2430 y 2431, que regulan desde octubre de 2014 el ingreso de productos importados en frontera mediante el Régimen de Despacho Menor o para Pequeños Importadores.
De los 800 “paseros” que en principio se inscribieron, finalmente apenas 178 lograron obtener las licencias sanitarias del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), y de esta cantidad 134 consiguieron los registros de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). El INAN habilita el ingreso de alimentos y Dinavisa autoriza la importación de productos de limpieza que no tengan tripolifosfato, por lo que el importador debe tener esta certificación.
Según informó ayer Américo Pereira, director de procedimientos de la Aduana, hasta ahora solo 134 importadores pequeños pueden importar productos por valor de 10.000 dólares mensuales (2.500 por cada compra), pagando los tributos establecidos en estos regímenes mediante la Ventanilla Única de Importación (VUI).
Los paseros reclaman ahora que el INAN y Dinavisa habiliten de vuelta la planilla para registrarse, pero ambas instituciones cerraron el periodo de inscripción en abril de este año.
Advertencia del Ministerio Público
Tras la imputación a Zully Jacquet y a Héctor Cantero, dirigentes de la movilización del pasado lunes en la zona de Vista Alegre, el Ministerio Público advirtió ayer a los demás trabajadores de Frontera con endurecer las penas en caso de que haya reincidencia. En ese sentido, el fiscal Armín Echeguren señaló que gracias al reporte de testigos afectados por el bloqueo del puente Remanso y del informe de la comisaría local pudo proceder a la imputación por intervención peligrosa en el tránsito terrestre y también coacción a Jacquet y Cantero. Ayer, los paseros ya no hicieron movilizaciones de protesta, pero se mantenían a un costado de la Ruta Transchaco.