Señala que la Ley 4856, promulgada el 28 de diciembre de 2012 y que modifica la Ley 3850/09, contiene las mismas contradicciones que ya hicieran que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional varios artículos de la última.
Expresa que la autonomía municipal tiene rango constitucional, principio recogido por la Ley Orgánica Municipal (Ley 3966/10).
Precisó que este principio está siendo nuevamente avasallado desde que se priva o se sustrae del ámbito municipal la potestad de realizar las tareas que son privativas de los municipios, cada uno en su respectivo distrito.
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El defensor adjunto también refiere que Opaci no es una entidad de rango constitucional ni tiene nivel supramunicipal, por lo que no puede arrogarse facultades ni atribuciones en nombre de municipios, firmando convenios, contratos o acuerdos que pretendan tener alcance o carácter obligatorio para las comunas que lo integran.
En ese sentido, sostiene que el convenio entre la ONG y las concesionarias no obliga a los municipios a que estos se sometan inevitable e inequívocamente cediendo sus derechos y capitulando en su autonomía.
El presidente de la Cámara Paraguaya Verificadora de Automotores, José Luis Cardona (de Coarco SA), y el vicepresidente de la Opaci, Roberto Cárdenas Ramírez, suscribieron el 13 de noviembre de 2012 un convenio a fin de implementar las leyes 3850/09 y 4856/12. El documento, no obstante, dice que los municipios deben homologar el acuerdo, que se firmó sin conocimiento de centenares de comunas que accionaron contra la primera ley. Villalba dice que tampoco a la Dinatran se le pueden dar funciones de supervisión de las comunas ni otorgarle porcentaje de los montos a ser cobrados por la inspección vehicular, ya que son ingresos genuinos de los gobiernos locales.