Según la denuncia que se radicó ante la Fiscalía General del Estado, la empresa Tasser SA, cuyos socios son Tasselli y Roberto Bonazzola, en 2012 debía pagar IVA por G. 2.837.223.540, sobre un monto imponible de G. 28.372.235.400.
Sin embargo, la firma evadió el pago mediante la utilización de facturas falsas, según acusa la Subsecretaría de Tributación.
Además de los casi G. 3.000 millones evadidos en concepto de IVA, se le debe aplicar una multa de G. 5.674.223.540, con lo que totaliza la suma de G. 8.511.670.620.
Con respecto al Iracis, el total de ajuste y multa es de G. 4.542.727.797, sobre un monto imponible de G. 15.142.425.988.
A fin de confrontar las informaciones presentadas por la firma verificada, Tributación realizó las comparaciones de las documentaciones entregadas por la empresa y sus principales proveedores. “Se observó que la mayoría de ellos no declaró movimiento de operaciones o declaró menos de lo facturado”, refiere el escrito de la subsecretaría.
Siempre atendiendo la presentación de Tributación, un supuesto proveedor de Tasser, Mario González Franco, declaró que nunca fue cliente de la referida firma. Dijo que descargaba su mercadería (carbón) en el predio de Acepar y que le pagaba en cheque la auxiliar de contaduría, de nombre Myriam.
Juan Baldovinos Sanabria afirmó que tampoco fue cliente de Tasser. También señalaron lo mismo Catalino Santacruz, entre otros.
La subsecretaría concluyó que, con base en los hechos, surgen indicios de la elaboración y uso de facturas presuntamente falsas, que fueron utilizadas en las liquidaciones de impuestos por la firma Tasser.
“Así también conviene considerar lo dispuesto en el artículo 261, evasión de impuestos, y el 266, producción de documentos no auténticos, del Código Penal, a fin de analizar si los hechos denunciados se encuadran bajo tal figura penal”, se enfatizó en la presentación.
El esquema
Esta denuncia contra Tasselli forma parte de los 31 casos que denunció la SET por posible fraude al Estado y que serían casos similares al “megafraude”, en el que los contadores Gregorio Luis Enrique Berthand Gómez y Miguel Enrique Centurión Carmona crearon entre 2009 y 2013 unas seis empresas ficticias, que comercializaron facturas con contenido falso por un valor total de G. 336.815 millones (77 millones de dólares al cambio actual).