Una publicación de nuestro diario el 14 de mayo de 1996 señala los cuestionamientos de los despachantes, entidad que emitió un comunicado, y en uno de los puntos señalaba la preocupación porque la contratación de las verificadoras se manejó dentro de un sigilo que permite recaer sobre ellas toda clase de dudas y suspicacias.

Bivac y SGS fueron contratadas en 1996 mediante decreto firmado por el entonces presidente de la República Juan Carlos Wasmosy y su ministro de Hacienda Orlando Bareiro, siendo director de Aduanas Rubén Fadlala, pero el contrato fue formalizado posteriormente por el sustituto de Bareiro, Carlos Alberto Facetti. En 1999, sin embargo, tras asumir la presidencia Raúl Cubas Grau, y como ministro de Hacienda, Gerardo Doll, se rescinden los contratos y las firmas reclaman supuestas facturas pendientes por más de 61 millones de dólares, pero los gobiernos anteriores no pagaron porque surgieron dudas acerca de la legalidad de la deuda.

El gobierno de Federico Franco, con el aval del gobierno electo de Horacio Cartes, a través de una mediación, acordó con Bivac abonar 21,5 millones de dólares, de los 76 millones de dólares que demanda.

Asimismo, la misma negociación se realiza con SGS.