El profesional, que disertó en estos días sobre el tema en sendas conferencias, organizadas, por un lado, por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) Capítulo Paraguay y, por otro lado, por el Colegio de Abogados del Paraguay, señaló como primera ventaja la posibilidad de que los contendientes nombren a árbitros de su confianza que, sin embargo, van a hacer el trabajo de manera imparcial. “En el sistema tradicional (Poder Judicial del Estado) el juez que a uno le toque debe aceptar”, expresó.
Al citar otra ventaja, mencionó que las partes también pueden designar a un árbitro especializado en la cuestión que tiene que ver con el negocio en litigio. Advirtió que esto no es posible en el sistema estatal, puesto que los jueces tienen un mar de conocimientos, pero muy superficiales, y pueden no llegar a entender la cuestión en pleito y fallar equivocadamente.
Otra ventaja fundamental para el experto tiene que ver con la neutralidad del arbitraje internacional. “Es el menos malo del sistema. Los jueces o árbitros no son de ninguno de los países de las partes litigantes, ni de los países que las partes conocen o no confían”, resaltó.
Dijo que en el sistema arbitral un tema fundamental es la transparencia, puesto que la confidencialidad “no tiene futuro”, sobre todo cuando tiene que ver con la cosa pública. “Hay una presión de transparencia incluso sobre quienes son los árbitros, de manera a verificar si son o no los que siempre son nombrados”, expresó.
En materia de costo del proceso dijo que puede llegar a haber una diferencia abismal entre el sistema judicial y el arbitraje, sobre todo cuando el sistema tradicional o estatal normalmente contempla un proceso largo y engorroso. En cuanto a tiempo, dijo que un laudo arbitral puede llegar a salir en dos o tres años, mientras que en el sistema jurisdiccional un proceso puede durar entre tres y diez años, lo que a su vez conlleva enormes gastos.
Aquí en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay funciona actualmente el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay, una entidad privada que busca promover los métodos de resolución de disputas, justamente acorde a lo aconsejado por el experto.