Doutreleau dijo que, aún cuando el Estado nada hace al respecto, el gremio que preside sigue luchando “en defensa del lago Ypacaraí y de otros cursos y espejos de agua de la República”.
“Hace 30 años venimos denunciando que esto iba a ocurrir, y no está resuelto, porque la floración de las algas tóxicas en el fondo del lago es un evento periódico, con la salida de las cianobacterias a la superficie en verano, cuando obtienen un color verde intenso”, lamentó.
El dirigente empresarial afirmó que en el fondo del lago permanecen esas algas, que son alimentadas con los fosfatos o tripolifosfato que se descargan. “Yo creo que del lecho del lago hay que sacar muestras, a través de una draga, para llevar a cabo un estudio serio, y vamos a tener como resultado lo que estamos denunciando hace tres décadas. Si estas cianobacterias carecen del fertilizante (que es el tripolifosfato) no existirían”, aseguró.
Insistió en que todos los fosfatos fueron a parar al fondo del lago a través de canales y arroyos.
Acotó que una parte va por las aguas cloacales y otras veces con las aguas de lluvias, “pero la mayor parte va a través de los productos de limpieza con fosfato que la población circundante utiliza y se descarga hasta el fondo de este espejo de agua”.
Alertó asimismo que han descubierto que varias industrias, como los frigoríficos, también están usando productos de limpieza importados a granel, todos con fosfatos. “Eso no puede ser. La ley no está rigiendo para estos ni para las importadoras, tanto para las que obtuvieron la inconstitucionalidad ni para las que no recurrieron al Poder Judicial”, aseveró.
Doutreleau recordó que uno de los motivos del juicio político al ministro de la Corte Sindulfo Blanco es precisamente el haber otorgado la inconstitucionalidad para las cuatro empresas importadoras que la solicitaron a la Sala Constitucional.
Rememoró que la ley y sus decretos reglamentarios exigen que para importar estos productos las empresas tengan que presentar certificados del país exportador refiriendo que los productos efectivamente carecen de tripolifosfato; del fabricante y de las instituciones equivalentes a Vigilancia Sanitaria, Secretaría del Ambiente y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) (de nuestro país), pero no lo hacen. “Además, tiene que tener en el etiquetado la frase bien legible ‘Sin fosfato’, como lo tienen la industria nacional y los grandes fabricantes en Estados Unidos, Canadá y Europa. La Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Salud deben hacer cumplir la ley y sus reglamentos”, subrayó.