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La nueva normativa, Decreto N° 1.145, dispone que el plan de racionalización deberá contener entre sus medidas acciones concretas y tendientes a la concientización y exhortación a través de diversos medios y campañas internas para el uso racional y ahorro y conservación de diversos rubros.
Estos gastos son comunicaciones, energía eléctrica, equipamientos informáticos, mantenimiento, papelería e insumos para oficinas, combustibles y lubricantes, así como pago de viáticos.
En el caso de los servicios, a modo de ejemplo, las diversas instituciones públicas acumulan una deuda de US$ 47 millones por consumo de agua, luz y teléfono, compromisos que se arrastran desde hace más de 10 años.
Las críticas desde el sector privado sobre la mala calidad del gasto obligó al Ministerio de Hacienda a conformar una comisión público privada para revisar y proponer mecanismos para reducir los gastos superfluos.
Esta comisión opera a la par que otra comisión pública privada revisa el sistema tributario, para acordar un proyecto de ley de reforma que deberá ser presentado al Congreso en el mes de marzo.
Hacienda igualmente menciona que se establecen límites a los gastos en concepto de servicios de catering, así como disposiciones sobre la provisión de almuerzo a funcionarios, se regulan las restricciones vigentes con relación a los topes a la contratación del seguro médico y a la prohibición de pagos en concepto de reaseguro, entre otros límites.