El informe oficial del acto de apertura dice que el consorcio formado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay) cumplió con el 83% del puntaje total en la evaluación técnica, por lo que su oferta se considera “aceptable”, según la ingeniera Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe).

Esta dirección gerencia los proyectos principales de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Se desconoce cuáles son los ítems incluidos en ese 17% que la única oferta presentada para esta alianza público-privada (APP) no cumplió. El MOPC no reveló esa información.

En teoría, la oferta económica no debía abrirse siquiera si es que el oferente no cumplía con todos los requerimientos técnicos tras evaluarse su oferta técnica.

La sospecha es que esta APP se adjudicará de todos modos al consorcio liderado por Sacyr, a cambio de que el consorcio en cuestión no proteste la adjudicación de la otra APP en la que también participa: el aeropuerto (ver infografía).

Monto de la oferta superó la estimación

Para la obra de duplicación de las rutas II y VII, el MOPC había estimado que la inversión necesaria era de unos 400 millones de dólares, según habían manifestado en reiteradas oportunidades tanto Centurión como el propio ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona.

Resulta que la oferta presentada por el único oferente refiere que supuestamente la inversión que hay que hacer en la duplicación de los 149 kilómetros es de más de 816 millones de dólares.

Es decir, cada kilómetro duplicado costará alrededor de 5,5 millones de dólares.

La oferta económica incluye dos “cuotas” (líneas) de pago, una por 15 años para la devolución de la inversión y otra por 30 años (plazo que correrá paralelo al de 15 años) para costos de operación y mantenimiento.

El consorcio en cuestión obtendrá la explotación del tramo desde Ypacaraí hasta Pastoreo por 30 años.