Empresario de Chino Cue no aclara los cuestionamientos a su grupo

Empresas como Agrofértil, Tecnomyl y Produza están relacionadas con el caso de Chino Cue, las tierras de Itakyry (Alto Paraná) que fueron transferidas al Estado por un precio de US$ 13,7 millones, monto que están a punto de pagar al grupo de referencia. Los accionistas son los hermanos Sarabia (José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar) y no es la primera vez que están relacionados con ciertas gestiones cuestionadas.

En conversación con ABC, José Marcos Sarabia dijo que las empresas del grupo son líderes en el rubro agrícola. Sin embargo, en los últimos años estas firmas fueron investigadas por la Fiscalía y sumariadas por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en diferentes procesos, que incluso fueron publicados por la prensa (ver facsimilar).

Por ejemplo, en abril de 2014, el Senave incautó 500 kilos de agroquímicos vencidos con documentación de Tecnomyl; se trata de un insecticida de alta toxicidad (franja roja) llamado Methomyl SP. Al respecto, Sarabia alegó que “no había intención de seguir comercializando ese producto”, sino que el mismo “iba a ser utilizado en forma particular por un funcionario de la firma y sin ninguna contraprestación económica”. Según el empresario, “la fecha de vencimiento de un producto (como este) es meramente de referencia”.

También le consultamos sobre otros sumarios administrativos que están en curso en la misma institución, a raíz de la importación de los productos “Emamectina Benzoato” y “Metalaxyl-M” con un porcentaje inferior al registrado. La explicación del accionista fue que Tecnomyl es muy rigurosa en su calidad, pues cuenta con certificación ISOO 9001. Agregó que el Senave realiza sus investigaciones “al azar”.

La misma compañía fue protagonista en varias publicaciones de este diario en el año 2008, por ejemplo cuando se detectó que un cargamento de 8.000 kilos de fungicida que fue importado por US$ 1 millón, pero pagó un impuesto de solo G. 267.260 como liquidación aduanera. El caso tuvo la intervención de la Fiscalía del Ambiente, que abrió una causa pero que después la desestimó alegando que el proceso “no se adecua a ningún tipo penal ambiental”. Sin embargo no se explicó por qué el mínimo tributo y pese a ese “detalle” económico la carga fue despachada. El empresario desconocía este caso y no pudo brindarnos mayores detalles durante la entrevista, pero posteriormente envió documentos que solo mostraban la desestimación fiscal y el ingreso del producto.

Agrofértil también estuvo relacionado con ventas de tierras de indígenas a precios subvaluados (cerca del 10% del valor real) en el 2013, que finalmente suspendió tras la denuncia de la prensa. Sarabia dijo sobre este tema que las adquisiciones las iba a realizar una funcionaria de la empresa, aunque se presume que la misma sería solo prestanombre.

Finalmente, se le interrogó sobre la venta de bonos de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal a Tecnomyl por debajo del valor nominal (2005) y que fue motivo de intervención fiscal. Sobre esta operación, el empresario se defendió diciendo que no actuaron directamente, sino que quienes lo hicieron fueron los brokers (agentes de bolsa).