Unas 55 familias lideradas por el dirigente Pedro Martínez habían sido denunciadas por el dueño del terreno por la incesante destrucción del área boscosa para producción de carbón vegetal.

El abogado Arsenio Benítez, asesor legal del propietario, expresó que el pasado 1 de agosto se presentó una última oferta de venta al Estado de las 771 hectáreas ocupadas por las familias campesinas. El letrado sostuvo que el plazo de la oferta vence el 30 de agosto.

Aclaró que no cree que el Indert pueda cumplir con los reclamos de los campesinos aceptando la oferta presentada por el propietario del inmueble.

Según el abogado Benítez, una vez vencido dicho plazo no existe otra opción que insistir en el desalojo de los ocupantes, que desde que se instalaron en la finca vienen destruyendo el bosque para elaboración de carbón.

“El Indert no debió haber permitido el reconocimiento de la comisión sintierra sabiendo que la propiedad está invadida. Es lo que ocurrió acá. El tener reconocida la comisión no le autoriza a los campesinos invadir y destruir los bosques de la propiedad, como lo vienen haciendo estos campesinos”, puntualizó

Ayer, la jueza Yanine Ríos y el fiscal Benjamín Maricevich, con acompañamiento de funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona), agentes policiales y periodistas, constataron la destrucción del área boscosa a manos de presuntos invasores de la citada propiedad. Tanto la magistrada Ríos como el fiscal Maricevich arribaron al terreno para realizar un relevamiento de la tala de árboles para la elaboración de carbón.

En un predio donde funciona una escuela, los campesinos, entre ellos criaturas, recibieron a las autoridades y aprovecharon para exponer sus necesidades.