Parte de las deudas, cuyo cobro reivindica para sí Sergio Tasselli, se originaron en operaciones de compra de equipos y maquinarias sobrevaluadas proveídas por firmas relacionadas al citado empresario, como Tech SA, por lo que la Procuraduría Gral. de la República ha ratificado su decisión de hacer una denuncia penal ante tribunales locales a fin de definir la responsabilidad de anteriores administradores de Acepar en los perjuicios financieros y materiales sufridos por la siderúrgica.
Así dijo ayer a nuestro diario el interventor judicial de Acepar, José L. Vinader, quien para graficar la gravedad de lo ocurrido citó el caso de la adquisición de un tren de laminación, cotizado en US$ 9 millones (el precio habría sido triplicado), de los cuales ya se pagó el 70%. Sin embargo el avance real de su instalación no pasó del 60%. El plazo para su funcionamiento pleno era de un año, pero a hoy ya pasaron cinco años sin que eso se cumpla. No solo hay incumplimiento en ese sentido, sino perjuicios económicos que medir por ello, sostuvo Vinader.
Peor es lo ocurrido con la provisión de un horno cuchara (eléctrico), que iba a permitir reutilizar la chatarra que queda en gran cantidad de la producción de Acepar, y que con esto iba a pasar de desecho a subproducto. Se trajeron maquinarias usadas, incompletas y en pésimo estado, y como si fuera poco nunca se instalaron, pese a que Acepar llegó a preparar el lugar para ello, lamentó Vinader, quien dijo que no recordaba muy bien cuánto se “invirtió” en esto.
Un tercer pésimo negocio –se cree que para Acepar no para Tasselli– fue la instalación de la fábrica de sinter, que es para hacer una especie de carbón artificial, en que se utilizan desechos de la planta, como carbonilla y otros. Eso debería abaratar los costos de producción del acero y producir beneficios ecológicos. “Está montada, pero en vez de producir en un 100%, lo hace en un 20%, porque aunque supuestamente se pidieron máquinas nuevas se trajeron usadas, y la administración de Tasselli pagó a firmas relacionadas a su grupo US$ 1,5 millones por las mismas”, según Vinader.
Y todo esto sin contar todavía la investigación que también se va a pedir a la Justicia sobre la presunta venta subvalorada de palanquillas, también a empresas del mismo grupo, actuaciones que en su conjunto, de acuerdo a la fuente, llevaron a la descapitalización de Acepar, que soporta un pasivo total calculado en casi US$ 56 millones.
Por otro lado, ya está en marcha el arbitraje solicitado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para recuperar la acería, cuyo proceso de privatización se inició en 1997. Ahora, el procurador Roberto Moreno y su equipo tienen un plazo de 25 días para elevar la demanda estatal y sus argumentos. Ese plazo corre desde el pasado martes 19.