En Colombia, obligan a Tigo a devolver espectro porque se fusionó con otra

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A mediados de este año la multinacional sueca Millicom, que opera bajo la denominación comercial Tigo, se fusionó con otra operadora de telecomunicaciones en Colombia, UNE. Como condicionamiento de la aprobación de venta, el Gobierno de ese país le exigió retornar 50 megahertz del espectro radioeléctrico porque la ley solo permite hasta 85 por licenciataria. En 2012 su filial en Paraguay adquirió CVC y ni siquiera se hizo un estudio para aprobarla.

A mediados de este año quedará completada la fusión entre las dos operadoras de telecomunicaciones colombianas, Tigo, que ocupa el cuarto lugar en el mercado, y UNE, que se posiciona en el segundo lugar, de acuerdo a informaciones provenientes de Colombia.

La fusión, que significó alrededor de US$ 200 millones para Tigo, fue condicionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad reguladora del mercado de las telecomunicaciones en Colombia.

La institución, luego de varios meses de análisis, aprobó la transacción comercial a cambio de la devolución de 50 megahertz (MHz) del espectro electromagnético, un bien estatal limitado.

La exigencia es para restaurar el nivel de competencia en el mercado y cumplir con los topes máximos de espectro radioeléctrico o electromagnético de 85 MHz por cada licenciataria.

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Al fusionarse, ambas empresas acumulan un total de 135 MHz del espectro por lo que el Gobierno colombiano exigió el retorno de los 50 MHz al Estado.

Según la SIC, UNE y Tigo tendrán un plazo de ocho meses para informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la SIC la porción de espectro que devolverá al Gobierno, identificando las bandas de frecuencia y los MHz correspondientes. Una vez identificado, contarán con dos años y cuatro meses para finalizar la devolución.

Caso Paraguay

A mediados del 2012 hubo una convulsión en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país porque Tigo adquiría el 100% de las acciones de Cablevisión Comunicaciones (CVC), prestadora del servicio de internet y TV cable del Grupo Clarín con el 60% y del político colorado Gustavo Pedrozo, los 40% restantes.

El regulador aprobó la venta sin realizar ni un análisis económico –en su propia resolución lo reconoció– sobre las consecuencias de la fusión de dos operadoras dominantes, una en telefonía y otra en televisión por cable.

Una de las primeras consecuencias negativas de la venta, especialmente para las cableoperadoras pequeñas, fue el aumento de precio de la señal de fútbol del campeonato local, cuya exclusividad adquirió CVC.

El desequilibrio mayor es la tenencia del espectro electromagnético que es un bien limitado. Tigo sumó los 50 MHz de CVC para completar nada menos que 205, mientras que las demás empresas como Personal, Claro y Vox solo cuentan con 120, 80 y 30 MHz, respectivamente.

Urge cambiar la Ley 642/95

Desde hace varios años, técnicos del sector de las telecomunicaciones claman por la modificación de la Ley 642/95, que rige al sector. Esta tiene numerosas falencias y está desfasada teniendo en cuenta que desde su promulgación, hace casi 20 años, la tecnología fue innovándose a pasos agigantados. Hay varios grupos de técnicos, tanto de Conatel como en el sector privado y académico, que se encuentran elaborando un anteproyecto de ley a instancia de la Cámara de Diputados. No se sabe del avance de los trabajos. Mientras algunas licenciatarias apoyan la iniciativa de la modificación de la vetusta norma, existen otras que desean dilatarla debido a que les convienen las condiciones actuales.