En decisión casi secreta, la CU dejó sin efecto sumario a 12 “rebeldes”

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En estos días, fuentes extraoficiales filtraron a nuestro diario que la CU había decidido, con mucho sigilo, dejar en aguas de borraja el sumario con el cual el sector oficialista pretendía dar una “lección” a un grupo de dirigentes opositores. Ayer, la propia presidenta nos confirmó finalmente la noticia.

Las “cenizas” arrojadas por el “volcán” de insultos, empujones y otros incidentes en que se convirtió la malograda asamblea de la Cooperativa Universitaria (CU) del 25 de febrero pasado, siguen enrareciendo, tres meses después, el aire de la convivencia institucional en dicha entidad.

De todas formas, al parecer la presión del resultado de las últimas elecciones, en las que más de 10.000 socios votaron por diferentes grupos de oposición (contra poco más de 5.000 de los oficialistas de Hapoite Teete), sin descartar la poca fuerza de las acusaciones, está forzando a rectificar ciertas cosas, según algunos de los dirigentes y socios que han sido sumariados, y que pidieron no ser citados.

En ese ámbito se circunscribe la decisión tomada por el consejo de administración de dejar sin efecto el sumario ordenado ya el 28 de febrero y ratificado el 28 de marzo contra 12 asociados, entre ellos varios excandidatos opositores. Dicha resolución habría sido tomada ya en la primera semana del presente mes y se mantuvo prácticamente en secreto durante todo este tiempo.

Los sumariados

La lista de sumariados incluía a conocidos dirigentes como Modesto Segovia Boltes, Carlos Cruz Roa, Luis Alberto Cassella, Juan Basilio Vera, Lorenzo Meza López y Blanca Caballero, además de los abogados Víctor Hugo López, Julián Vega y Guido Nicolás Crose, y otros socios como Walter Santiago Laguardia, Luis Alarcón y Max Jorge Fisch.

Los mismos fueron acusados de haber supuestamente participado activamente de lo ocurrido en febrero pasado en el salón de convenciones de la Conmebol, principalmente en los minutos posteriores a la declaración de un cuarto intermedio por parte de la entonces presidenta de la CU, Graciela Ortiz, que no fue aceptada por la oposición y generó una protesta e incidentes generalizados, principalmente en las cercanías de la mesa de autoridades.

“Ladrones, vendidos...”

Una de las declaraciones usadas en el sumario contra los “rebeldes” fue justamente la de la actual titular de la cooperativa, Marta Sosa Heisele, quien en una parte narró lo siguiente: “Yo me disponía a retirar mis materiales, pero la Abog. Blanca Caballero empieza a gritar desaforadamente protestando por el cuarto intermedio declarado; insultaban diciéndonos ladrones, vendidos. Veo que el Ing. Carlos Cruz se para sobre las urnas (...), y allí empiezan a insultarme, a agredirme, a empujarme, estirarme del cabello y golpearme la cabeza, espalda y piernas”.

También declaró en el sumario, entre otras personas, la Lic. Graciela Ortiz, quien dio su versión, pero no quiso mencionar nombres.

Dice que fue por la paz

Consultada ayer sobre el tema, Sosa Heisele confirmó el levantamiento del sumario y preguntada sobre los motivos, sostuvo que fue en “onda de paz y amor”, entendiendo también que todo ocurrió en un momento en que los ánimos estaban muy enardecidos y la gente, muy fanatizada. Por ese lado se puede comprender aquel comportamiento agresivo y se acordó que no vale la pena continuar con esta situación de enfrentamiento, alegó.

Desde el sector de los afectados, sin embargo, afirmaron que el oficialismo se dio cuenta de que era un sumario muy traído de los pelos y que si eso seguía, tenían mucho que perder, pues eso iba a derivar a nivel jurídico.

¿Mediación partidaria?

Una versión surgida en medio del levantamiento del sumario a 12 dirigentes y socios de la Coop. Universitaria es que en esa “pacificación” habría tenido alguna participación una mediación extraoficial desde el Partido Colorado, teniendo en cuenta que varias de las figuras del oficialismo, como el Abog. Antonio Ramírez, son también muy cercanos a la ANR, al igual que algunos de los “acusados”.

La presidenta de la CU, Marta Sosa Heisele, sostuvo que fue por iniciativa del Consejo de Administración, para favorecer el entendimiento interno.

En el sumario estaba como jueza la Abog. Blanca Duarte Esteche, quien debía cobrar G. 10 millones, y su secretaria, Diana Aguilar Aquino, G. 5 millones.