Al parecer, en la administración de entes públicos existen trabajadores de primera y de segunda. Al menos eso es lo que indican documentos sobre la Industria Nacional del Cemento (INC), donde pagaron en agosto pasado sobresueldos a cada funcionario permanente, equivalentes a un salario adicional, luego de que supuestamente esas gratificaciones hayan sido suspendidas en este Gobierno.
Pero no lo hicieron bajo el concepto de “gratificación”, sino que, aparentemente para que el hecho pase inadvertido, utilizaron el objeto de gasto 131, que según datos de Hacienda, corresponde a “subsidio familiar”. Lo llamativo del caso es que ni siquiera bajo ese concepto pueden justificar el pago de un aguinaldo extra, pues la definición que da la Cartera al objeto 131 es: “Asignación fijada al funcionario con cargo presupuestado en el Anexo del Personal y al personal que perciba hasta la suma de G. 2.041.123 mensual, por hijos menores de dieciocho años”.
En la INC, presidida por el Ing. Jorge Méndez Cuevas, pagaron a absolutamente todos los funcionarios permanentes, sin importar el salario de cada uno de ellos, y hasta fue incluido el mismo titular de la estatal, cuya remuneración total supera los G. 27 millones al mes. Al menos eso se puede observar en la planilla trabajadores, disponible en la web institucional www.inc.gov.py.
Tomando el caso de Méndez como ejemplo, la planilla indica que tiene un salario base de G. 13,1 millones, que se le pagó en agosto pasado por “días trabajados”; luego, G. 850.000 por “bonificación por grado académico” y seguidamente se encuentra el pago de otros G. 13,1 millones, bajo el dudoso concepto de “subsidio”. Solo al irnos a la web de Hacienda para verificar el concepto de ese objeto de gasto 131, vemos que se trata de un “subsidio familiar” pero que en este caso ni siquiera se compadece con la definición oficial. De hecho, después de cobrar G. 6,4 millones por “Responsabilidad”, G. 3 millones por “gastos de Representación”, G. 3,5 millones por “Responsabilidad por Administración de Fondos”, se encuentra finalmente el pago de G. 408.224 por “Bonificación Familiar” (ver facsimilar).
Nuestro diario se comunicó ayer con Méndez para tener una explicación de estos pagos, supuestamente prohibidos. En tal sentido, señaló que los desembolsos se ajustan a la obligación legal establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo y que consideran correcto clasificar el plus bajo el objeto de gasto 131, en “otros beneficios” al personal.
“Es correcto lo que hicimos, nos basamos en la ley de presupuesto, no hay nada fuera de lugar y está aprobado por Hacienda”, afirmó el presidente de la INC.