Según los registros oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en lo que va de este año se llevan importados 33.172 vehículos usados. De esta cantidad, el 80%, es decir, 26.728 unidades, tienen como país “de procedencia” a Chile. Estos vehículos llegan a Iquique de otros países, ingresan a la zona franca de Iquique denominada Zofri, y allí pueden obtener sus papeles para las transacciones aduaneras con el Paraguay.
Al ser cambiadas las facturas dentro de la zona franca, es imposible determinar si respetaron los mismos valores que tenían los vehículos desde el país de origen. A partir de esta situación, se sospecha que opera un imponente sistema para evadir impuestos, teniendo en cuenta que las facturas que se “fabrican” en este lugar pueden tener valores imponibles (sobre los que se establecen los impuestos) muy inferiores a los reales y que son del país de origen.
De hecho, nadie controla si los documentos que entregan de la Zofri tienen los valores correctos. Incluso, la propia Dirección Nacional de Aduanas (DNA) acepta las facturas de la Zofri sin cuestionamiento alguno, como si fuesen legales.
Fuentes aduaneras consultadas confirmaron que los documentos que recibe la Aduana como “factura de origen” son las que se fabrican en la zona franca Zofri.
De acuerdo con la liquidación de impuestos, los importadores de vehículos usados deben pagar, entre otras cosas, servicio de valoración aduanera (0,5%), gravamen aduanero (que puede variar entre 10%, 15% y 20%, de acuerdo a la partida arancelaria); reposición consular (suma fija de 30 dólares para todos los casos); INDI, 7% (para todos los casos) y el IVA, que es el 10%. Todos estos valores se establecen sobre el valor imponible del vehículo importado. De los 33.172 vehículos que se importaron hasta julio de este año, apenas 556 proceden del Japón.
Los “chatarras”
A la posibilidad de la evasión de impuestos a través del cambio de facturas en Iquique, se suma que una gran parte de estos vehículos usados tienen más de 10 años de antigüedad, situación que está prohibida por la Ley 4333/2011, pero que un grupo de importadores y firmas logran sortear mediante de medidas judiciales favorables.
Hasta el año pasado, los importadores más beneficiados con sentencias de la Corte Suprema para importar vehículos “chatarra” eran: Federico Oviedo Ibarra, Derlis Javier Núñez, Marcos Benítez Méndez, Francisco Javier López Morales, Christian Ruiz Stefanich, Patricia Carolina Rivas, Vicente Ignacio Alfonso, Luis Alberto Lezcano, Gustavo Insaurralde y Arnaldo Vidal Marecos.
También aparecen Ernesto Benítez, Alfredo Francisco Ramos, Merardo Reddes Esteche, Jazmín María Billordo y Carlos Alcides Alfonso Pineda.