En Paraguay existe la confiscación de hecho, sostienen empresarios

Nuestro diario contactó con los hermanos Venialgo, de la Ganadera San Cosme, a la que en 1965 le habían “expropiado” 25.000 ha en el distrito San Cosme y Damián (Itapúa) pero que nunca recibió el pago por indemnización. En 2013 salió una sentencia firme que obliga al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a abonar más de G. 95.000 millones, pero hasta hoy esa resolución judicial no ha sido cumplida.

–La Constitución garantiza previo pago en expropiaciones pero no se cumple, ¿qué acarrea esto?

M: –La garantía de indemnización previa a una expropiación es letra muerta en Paraguay. Uno de los trámites más tortuosos, complicados, es tratar de cobrar al Estado una indemnización por expropiación.

Esto es muy peligroso y a la vez muy angustioso para quienes deben pasar por esto. Peligroso en el sentido político, ya que si la práctica constante y regular es la reticencia y resistencia del Gobierno a cumplir con sus obligaciones, aún teniendo sentencias judiciales que lo condenan a hacerlo, en verdad se vuelve una herramienta política.

En la práctica se transforma en una confiscación. En el caso nuestro, se trató de un saqueo y una persecución enorme, hace décadas, pero actualmente se continúa la misma política. Hay una persecución y un castigo hacia las personas a las que se debería resarcir.

Aún cuando el Estado expropia, en la mayoría de los casos cuando es condenado finalmente a pagar, trata de obtener ventajas, quitas, a veces enormes. Se regatea cuando el dueño está cansado, golpeado por los grandes procesos. Hay acreedores que pasa tanto tiempo, que mueren y sus sucesores deben gestionar el pago.

–¿Por qué no se cumple el justo pago?

E: –Existe el criterio político para decidir a quién se paga y a quién no. Convierten esto en una herramienta política, que no debería ni quiera ser tolerado en un Estado de derecho. Si el Indert paga algo a alguien o el Estado a través de una institución, lo hace eligiendo y lo hace con criterios políticos y no con criterios técnicos. En esto no se diferencia en nada al régimen stronista.

Es difícil que la gente denuncie esto porque tiene miedo a no cobrar nuca más. Entonces, los gobiernos, y el actual particularmente, abusan de esto. Después hay gente que no tiene para pagar abogados y por eso no pueden ni presentarse.

Se pretende con esto continuar el castigo a las siguientes generaciones por haber sido antistronista. Esto se refleja tanto en estos casos como en la política general que está llevando a cabo el Gobierno, de conflicto, de enfrentamiento, de violencia.

–Ustedes tienen otra sentencia de Primera Instancia que obliga al Indert a pagar intereses...

E: –Cuando se presenta este tipo de casos como el de San Cosme, en el que los titulares no estamos dispuestos a sobornar ni a rendirnos y si tenemos que perder un juicio lo perdemos, pero confiamos en que hay que batallarlo, y el Estado prolonga el juicio sin sentido, le impone una carga enorme al Tesoro público, innecesariamente. Por una cuestión de decisión política, de terquedad, de enemistad, que después, en este caso, puede terminar en la duplicación o monto mayor todavía de lo que se debió haber abonado de forma pacífica, en un acuerdo, con los plazos razonables.

No hubo voluntad política de hacerlo. Lo que hubo es voluntad política de no hacerlo. Lo supieron desde el día que fueron notificados que tenían que pagar eso y se encendió la alarma en el Ministerio de Hacienda y todos los lugares. En ese momento debían poner a una persona responsable a cargo para buscar cómo resolver y, en vez de eso, la orden fue “trancar, traten de no pagar”, y así se llevaron adelante maniobras para demorar, que considero absolutamente arbitrarias.

Creo que si yo era un simpatizante del círculo político del presidente Cartes me hubieran pagado el primer día y se hubieran ahorrado la pérdida multimillonaria que van a tener.

Porque todas estas decisiones se toman en el primer nivel de autoridad de poder, que es Presidencia de la República, porque hay instituciones que dependen del ministro (Juan Carlos) López Moreira por ejemplo, de decisiones del Ministerio de Hacienda. La decisión no depende del Indert, sino de una primera línea, y el resultado de todo eso es responsabilidad de Presidencia y Gabinete de Presidencia.

–¿Cuál fue el papel de la Procuraduría dentro de este juicio?

M: –En su momento la Justicia había dicho que la Procuraduría no tenía que haber tenido ninguna participación en todo esto.

Nosotros decimos que la actuación de la Procuraduría permitió el riesgo de que el Estado pierda el doble, porque una vez que la sentencia estaba firme y había que pagar nomás ya, Hacienda pidió a la Procuraduría dictamen, y si esta no hubiera tardado el costo para el Estado ni se iba a acercar a la cifra que está ahora.

Era inexistente e imposible que la Procuraduría diga que estaba mal la sentencia firme. Entonces, ¿para qué le envían? Lo hacen para demorar la inclusión de la deuda en el siguiente período, porque al tardar meses en expedirse, ganan un año de chicaneo.

–¿Cómo afecta este tipo de casos a nuestra imagen país ante inversionistas?

E: –Este tipo de casos, que son muchos, actúa con un mensaje muy fuerte en cuanto a la no vigencia irrestricta ni respeto a la propiedad privada. Muestra que hay todo un mecanismo de confiscación, una herramienta que se maneja peligrosamente de forma política.

Cualquier inversor puede instalarse en Paraguay, tener propiedades, y si le son expropiadas, solo Dios sabe cuándo va a cobrar, si cobra alguna vez.

Cuando el ministro (Gustavo) Leite habla con extranjeros, no creo que aclare esa parte. Cuando habla de la garantía jurídica que hay, está mintiendo, porque están escondiendo el mecanismo con el que trabajan, ocultando la reticencia para consignar fondos para pagos de las indemnizaciones; ocultan la precariedad financiera de una institución como el Indert, olvida mencionar la verdadera improbabilidad de que el derecho de propiedad sea respetado por el Gobierno que tenemos actualmente. Para mí eso es una gran vergüenza. Si no hay garantía de la propiedad privada, como todos estos casos demuestran que no hay, siempre vamos a estar espantando a inversionistas.

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