Hasta la fecha, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) tiene una deuda de G. 204 millones con la ANDE por el consumo de energía eléctrica del barrio social San Francisco, según reconoció la propia Secretaría, aunque dice que de ese monto se debe descontar lo que corresponda al costo de conexión, que debe ser asumido por una de las contratistas.

Ese monto es la suma de las facturas que recibieron los pobladores de este barrio, que en el caso de algunas viviendas se acercó al millón de guaraníes, generando alarma entre los moradores.

¿La razón? Aunque se trata de un proyecto de interés social, de hecho se lo promocionó como tal, las conexiones de los departamentos son trifásicas y, por ende, la tarifa que se les aplica corresponde a un barrio residencial.

En la ANDE existe temor de que esta deuda se convierta en otro “mono” de una institución pública, de los tantos que existen.

Adriana Ávila, directora general del Área Social de la Senavitat, explicó ayer que la decisión de instalar conexiones trifásicas, que no permiten la aplicación de una tarifa social, respondió a que se trata de un proyecto “con altos estándares de calidad” y que la tarifa social está regulada por una ley muy desfasada.

“La conexión monofásica no permitiría que los vecinos tuvieran siquiera ducha eléctrica”, explicó Ávila y añadió que lo que se busca con San Francisco, es mejorar las condiciones generales de vida de los pobladores.

¿Soluciones?

Según Ávila se está trabajando en una suerte solución intermedia, que prevé capacitaciones sobre el uso racional de la energía eléctrica. “Estamos haciendo un diagnóstico social, para saber quiénes están en condiciones de pagar (la tarifa actual) y quiénes no y en base a eso vamos a trabajar con la ANDE”, afirmó.

Por su parte, el gerente de División de Operaciones Comerciales de la ANDE, Luis Torres, dijo que no existe una “tarifa intermedia”. “Lo que sí existe es la tarifa normal de consumo residencial y la tarifa social”.