El instituto busca rever la Ley N° 2389 del 1 de noviembre de 2004, que expropió nueve hectáreas de Itacurubí de la Cordillera, que forman parte del denominado “Club del Lazo”.
En la propiedad hay un hipódromo que no sirve para los fines del ente rural, según las explicaciones oficiales.
De acuerdo con la argumentación, en ese predio “se desarrollan actividades totalmente ajenas a los objetivos de la Reforma Agraria, específicamente se trata de una pista donde se llevan a cabo carreras de caballos y que es muy pequeño”.
Otro de los terrenos cuya ley de expropiación el ente rural quiere anular es un predio de 43 hectáreas, ubicado en la ciudad de Paraguarí, expropiado por la Ley N° 44, del 5 de octubre de 1992. En este caso, la suma que tendría que pagarse es considerada “exorbitante”, ya que asciende a G. 19.515 millones, “casi igual que todo el presupuesto del Ministerio de la Mujer para este año (G. 20.337 millones)”, señala la misiva.
Según alega el Indert, la cifra que debe pagarse representa el 55% de su presupuesto para la remuneración básica de personal durante 2015, que es diez veces superior a lo que presupuestaron para adquirir inmuebles en este ejercicio, que es de G. 1.942 millones.
“Haciendo el cálculo, cada una de esas 43 hectáreas le costaría al Estado nada menos que 453,8 millones de guaraníes (más de 90.000 dólares al cambio actual), que supera largamente al precio comercial de las mejores tierras rurales del país de Alto Paraná, Itapúa o Canindeyú”, puntualiza el informe.