Continúa sin resolverse el problema entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y Constructora Asunción SA, propiedad de Enrique Díaz Benza, por las inconclusas y mal realizadas obras del sistema de alcantarillado sanitario en la cuenca de la Universidad Católica, ejecutadas bajo la presidencia de Emiliano Insfrán en 2010.

La aguatera del Estado reclama a la empresa privada la devolución de G. 600 millones o la reparación de la obra por ese monto, pero la misma se niega a hacerlo. La discusión se realiza ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la única que emitió en 2012 un lapidario informe sobre la pésima ejecución del contrato adjudicado a la Constructora Asunción, a Caraguatay SA, representada por Felipe Caballero, y a Taller Industrial del Este, por Germán Fatecha, extitular de la ANDE.

Según el documento, instalaron caños que no se adecuaban a las exigencias del pliego de bases y que modificaron el proyecto varias veces sin una comunicación previa, tal como dicta la Ley 2051/2003.

Otro informe interno de Essap apunta que la empresa no ejecutó el 29% del proyecto, pero cobró todo el monto del contrato, G. 2.830 millones. Además logró un reajuste de G. 246 millones.

En 2012 los sindicatos de la aguatera denunciaron estas irregularidades ante la Contraloría y que se inicie una auditoría, pero el ente de control se limitó a pedir informes a Essap y, a dos años del caso, no emitió un solo dictamen al respecto.

En fuentes sindicales atribuyen esta “falta de interés” en auditar el proyecto al hecho de que un ex alto funcionario de la administración de Emiliano Insfrán en Essap es hoy director de Auditoría Forense, un organismo de la Contraloría que debe determinar los indicios de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.